2001: La lucha ciudadana por la plaza de Os Praceres

Dos décadas después de que los vecinos saliesen a la calle para defender su plaza, la polémica sigue ahí. Pese a que la Justicia declaró ilegales los pasos a nivel, Adif apuesta por soterrar coches y peatones


Pontevedra / la voz

Es un conflicto enquistado en Pontevedra desde hace veinte años. De hecho, y pese a que la Justicia ya declaró la ilegalidad de los pasos a nivel del ferrocarril que divide en dos la plaza de Os Praceres, en Lourizán, Adif aún no ha concretado como se resolverá está situación. Por lo pronto, estos días concluye el plazo de doce meses que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias contemplaba para que la firma adjudicataria tuviera listo el proyecto constructivo, un documento que se tuvo que volver a elaborar debido a que el anterior era del 2015 y, por lo tanto, era «preciso corregir, actualizar, recalcular y completar».

Veinte años atrás la lucha contra el trazado del ramal del ferrocarril al puerto de Marín no se dirimía en los despachos, sino en la calle. El 23 de abril del 2001 comenzaron unas obras muy cuestionadas por los vecinos de Lourizán y que derivaron en una serie de protestas no exentas de violencia. Así, los incidentes se iniciaron a primera hora de la mañana de aquel lunes lluvioso y alcanzaron su cénit a última hora de la tarde tras varias horas en las que «se sucedieron acometidas policiales, retenciones de tráfico y barricadas con contenedores de basura». Aquel arranque de las obras se saldó con cinco personas heridas y un detenido.

Frente a las reclamaciones vecinales, el por entonces director xeral de Transportes de la Xunta, Xoán Carlos Villarino, dejó claro la postura de la Administración autonómica: un paso subterráneo por la plaza de Os Praceres era inviable técnicamente. «Resulta imposible ó ter este unha pendente máxima do quince por mil, co que o tren sairía a cota de superficie fóra do ámbito portuario», recalcó.

A lo largo de los días siguientes, las movilizaciones continuaron con la implicación de nuevos actores sociales. Es el caso de Saramago, premio Nobel de Literatura, o de Manuel Fraga, presidente de la Xunta, quien no dudó en criticar el apoyo del párroco de Lourizán a las posturas vecinales -«espectáculos como el de un cura tocando a rebato como si llegaran los berberiscos a quemar Marín, como en su día quemaron Cangas, me parecen de otro tiempo», manifestó-, al tiempo que dejaba claro que ««La obra se terminará, como es natural, dentro de la ley».

«Estoy muy tranquilo. Me parece que al señor Fraga se le calentó un poco la boca y soltó esa frase», fue la respuesta de Jesús Acuña al cabo de unos días.

Lo cierto es que este proyecto no gustó a buena parte de la población pontevedresa como puso de manifiesto el barómetro urbano realizado por La Voz de Galicia por aquel entonces, un sondeo que realizado una semana antes de que comenzaran las obras reflejó que solo eran bien vistas por el 33,3 % de los pontevedreses. La encuesta, asimismo, refería que un porcentaje elevado, del 23,4 % no se pronuncia al respecto, mientras que una mayoría del 43,3 % de los vecinos de la ciudad del Lérez dejaba patente su oposición a la construcción de un ramal ferroviario atravesando la plaza de Os Praceres.

Pese a los incidentes, las protestas y las críticas vecinales, las obras continuaron y el 10 de julio del 2002 se confirmaba la conexión ferroviaria con el puerto de Marín. La lucha de los opositores a este proyecto, no obstante, se había trasladado a otro ámbito: el judicial.

Triunfos judiciales

Y comenzaron a ganar batallas. Así, en marzo de 2004, se declaraba la ilegalidad del trazado y se ordenaba la supresión de los pasos a nivel por la plaza de Os Praceres. La Administración respondió con una serie de recursos que culminaron tres años más tarde con una sentencia del Supremo confirmando este dictamen y obligando a retirar los pasos a nivel.

El tiempo fue pasando y el fallo no se ejecutó, lo que determinó, de nuevo, la intervención de los tribunales. Finalmente, Fomento apostó, no por soterrar el tren, sino por una solución que planteaba «la construcción de sendos pasos inferiores que faciliten la movilidad de peatones y automóviles, en condiciones seguras, entre ambos lados de la existente vía férrea», un diseño que contó con el beneplácito de la Justicia, pero no de los vecinos de Lourizán.

En la actualidad, se está pendiente de conocer el proyecto constructivo, documento que permitirá a la Administración «superar el trámite de Supervisión y que el proyecto sea aprobado técnicamente, lo cual es el paso previo necesario para llevar a cabo la licitación de las obras correspondientes».

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