La Fiscalía requiere del Concello de Pontevedra documentación relativa al contrato para la planta de compost

s.b. PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Firma del contrato para alquilar terrenos en A Canicouva para una planta de compost entre el Concello y la comunidad de montes de la parroquia, en diciembre del 2015
Firma del contrato para alquilar terrenos en A Canicouva para una planta de compost entre el Concello y la comunidad de montes de la parroquia, en diciembre del 2015 CAPOTILLO

El PP denunció el pagó irregular de la última anualidad al considerar que el contrato estaba ya extinguido

10 dic 2021 . Actualizado a las 09:12 h.

La Fiscalía de Pontevedra ha requerido del Concello de Pontevedra documentación relativa al contrato de alquiler de una parcela en A Canicouva para la instalación de una planta de compost. El contrato se firmó en diciembre del 2015 y el Concello paga una anualidad de 20.000 euros a la comunidad de montes de la parroquia pese a que a que los terrenos no se han utilizado todavía.

La intervención de la Fiscalía viene por una denuncia del PP de Pontevedra, cuyo presidente, Rafa Domínguez, trasladó personalmente su sospecha al ministerio público el pasado 9 de noviembre.

La denuncia se basa en que el contrato con la comunidad de montes de A Canicouva incluía una cláusula por la que quedaría extinguido si en cuatro años desde su firma no se construía la planta. En base a esa cláusula, el PP considera que al menos se hizo irregularmente el abono de la anualidad correspondiente al 2020.

Más allá de ese abono que no estaría, según el PP, amparado por el contrato, Domínguez ve como «un despilfarro haberse gastado cien mil euros en un terreno que nunca se utilizó». El presidente del PP achaca a una «decisión política» la firma del contrato y que se mantenga pese a que los terrenos no se han llegado a usar.

Desde el gobierno local, por su parte, se ven las cosas de manera diferente. Por un lado, se subraya que el contrato también incluía otra cláusula por la que para resolverlo tendría que haber una solicitud expresa en ese sentido por alguna de las dos partes, hecho que no se produjo.

Además, se subraya que todos los pagos realizados al amparo del mismo están avalados por los correspondientes informes de técnicos municipales. Así, el concejal de Infraestructuras, César Mosquera (BNG) se mostró este jueves «absolutamente tranquilo» por la demanda de documentos por parte de la Fiscalía. «Non atoparán nada porque non hai nada irregular ou ilegal», afirmó.

Sobre la falta de uso de los terrenos, recordó la planta de compost se incluye en el contrato de basura que se licitará en breve, por lo que espera que se construya en el 2023.