La asociación fue reactivada a los días de haber sido desmantelada policialmente
21 dic 2022 . Actualizado a las 17:55 h.A finales de julio del 2018, el Grupo de Tráfico Medio de Estupefacientes de la Policía Nacional desmanteló en Pontevedra el club cannábico La Viuda Azul. No pasó mucho tiempo hasta que, al menos, cuatro impulsores de esta asociación que llegó a estar inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia volvieron a organizarse y establecer un nuevo club cannábico, tal y como acaba de confirmar la Audiencia.
De este modo, y tras producirse la primera redada policial, se pudo constatar que el 1 de agosto se había reactivado la actividad de la citada asociación con el alquiler de otro bajo en la ciudad del Lérez. Y todo ello con el objetivo de vender a terceras personas marihuana con la correspondiente obtención de beneficios económicos derivados de esa actividad ilícita en favor del grupo, además de actuar, en ocasiones, como vendedores, alguno de los propios encausados».
Este nuevo club cannábico llegó a tener 56 socios, los cuales abonaban un precio superior al propio valor de adquisición de las sustancias, lo que generaba un beneficio económico para los acusados. A este respecto, la sentencia refiere que los pases se realizaban en el interior del bajo, «sin que hubiera un número determinado y cerrado de personas que pudieran realizar dicha acción». Y es que solo bastaba con ser socio, para lo cual solo se tenía que rellenar un impreso, para poder adquirir la marihuana.
En este punto, se refiere que, incluso, consta que se llegaron a realizar actos de venta a personas que no eran formalmente socios e, incluso, a menores de edad, «los cuales tenían la posibilidad de adquirir y consumir allí la marihuana».
Menores de edad
No obstante, en este punto, la sentencia hace un inciso: «No consta definitivamente acreditado que los acusados conocieran la minoría de edad de los menores reseñados».
En lo que respecta al global de los compradores, se apunta a que no existía un perfil homogéneo o único, «dado el sistema de adquisición de la condición de socio y la propia dinámica de las ventas», que se realizaban por parte de los encausados «como directivos de la asociación, turnándose entre ellos en esta tarea».
Los magistrados, por otro lado, refieren que «no existía control sobre el lugar de consumo de la sustancia adquirida por los consumidores, ni sobre las personas que efectivamente consumían ni sobre la posible venta a terceros de la sustancia adquirida». Esto es, «no existía ningún tipo de control sobre la salida de esas sustancias fuera del local, pues en el bajo no solamente entraban personas consumidoras».
Lo cierto es que, como consecuencia de las vigilancias policiales realizadas en meses posteriores, los investigadores interceptaron a distintos compradores, buena parte de los cuales fueron denunciados administrativamente frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. En paralelo, se les intervinieron las dosis de marihuana que portaban, las cuales fueron analizadas para establecer el porcentaje de THC, el principal psicoactivo del cannabis.
Ya en enero del 2020, se autorizó judicialmente la entrada y registro del local donde La Viuda Azul había retomado su actividad, una actuación que permitió decomisar «varias cantidades de sustancia vegetal marihuana, la mayoría de ellas en una habitación donde se encontraba el ordenador (...), a través del cual controlaban las ventas».
Si como consecuencia de la primera redada, la llevada a cabo en julio del 2018, la Audiencia Provincial condenó a sendas penas de medio año por delitos contra la salud pública y asociación ilícita a seis de sus impulsores, ahora las mismas penas y delitos han recaído sobre los siete encausados en este segundo procedimiento. A mayores, se les impusieron 950 euros en multas.
La Audiencia vuelve a ordenar la disolución de la asociación declarada ilícita
Además de ratificar el acuerdo de conformidad alcanzado por los siete acusados y la Fiscalía de Pontevedra por el que los encausados asumieron penas de cárcel y sanciones económicas, la Audiencia Provincial ordena «la disolución de la asociación ilícita». Esta decisión conllevará la cancelación de la inscripción de este colectivo en el Rexistro Central de Asociacións dependiente de la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia.
Por otro lado, las condenas aceptadas por los siete procesados, cuatro de los cuales ya lo habían sido en el anterior proceso judicial, llevan aparejada una inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y seis meses. Eso sí, ninguno de ellos tendrá que ingresar en un centro penitenciario al haberse acordado la ejecución de la pena de prisión por un período de dos años.
Prisión suspendida
Esta medida, eso sí, está condicionada a que no se cometa ningún delito durante el período de suspensión, de tal modo que se les apercibe en sentencia de que si cometiesen cualquier tipo de delito a lo largo de este plazo que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundó la decisión de la suspensión ya no puede ser mantenida, se procederá a la revocación de la suspensión y se ordenará la ejecución de la pena.
En este sentido, los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra consideran que los condenados presentan, «a priori, un pronóstico favorable de comportamiento futuro no delictivo».