Denuncian ante la Audiencia Nacional un posible fraude de ley en la tramitación de la obra de la autovía A-57 en Pontevedra

La A-57, el vial que en su día se concibió como una circunvalación a la ciudad de Pontevedra y que acabó derivando en una autovía cuyo trazado rechazan tanto los partidos políticos como los vecinos de varias parroquias de Pontevedra, sigue sumando polémica. A mediados de este mismo año se anunció que la plataforma de afectados sumaba fuerzas con el colectivo ecologista Adega para intentar presentar un recurso contencioso-administrativo que diese al traste con el segundo tramo de esta obra, ya que contra el primero no se puede hacer nada porque ya se están terminando los trabajos. Para ello hacían falta fondos económicos, que se reunieron, así que se pudo presentar ese recurso. Ahora, desde principios de noviembre, ya se presentó también la demanda en sí, es decir, el argumentario judicial contra la obra. ¿Qué se alega? Numerosas cuestiones. Entre ellas un posible fraude de ley por no haber hecho una evaluación ambiental y exposición pública conjunta del proyecto, sino por haberlo realizado por trozos, con una «fragmentación artificiosa» sin permitir, entienden los demandantes, que se pudiese evaluar el impacto real de la infraestructura a su largo y ancho.

La carretera que se plantea, cuyo primer tramo efectivamente está casi listo, se extiende desde Vilaboa a Barro, atravesando Pontevedra por las parroquias de Marcón, Bora, Xeve y Verducido, y va prácticamente paralela a la autopista AP-9, de ahí que los afectados y los ecologistas insistan en que la inversión «é unha perda de cartos sen sentido». Consideran que con políticas de gratuidad y rebajas de la AP-9 no haría falta la obra. Pero, más allá de esta apreciación, que puede ser debatible, están los argumentos por los que llevan esta infraestructura ante la Audiencia Nacional, con el coste y el tiempo de espera que ello supone.

Creen que hay defectos gordos de forma y de fondo. Por una parte, consideran que no se analizó con profundidad el impacto que supone este vial en el espacio protegido del río Lérez y su afectación a la Red Natura. Argumentan que el trazado que se plantea choca frontalmente con lo que pide Europa con respecto a la preservación de estos hábitats. Igualmente, detectan deficiencias a la hora de evaluar el impacto ambiental en algunas especies. Y citan expresamente una en peligro de extinción: la Margaritifera margaritifera, es decir, el mejillón de río, presente en este ecosistema. Dicen que pese a que se trata de una especie en serio riesgo de desaparecer ni siquiera se menciona ni en el estudio ni en la declaración de impacto ambiental. En la misma línea, hablan también de defectos importantes de forma, como que la exposición pública se realizase cuando no todos los documentos relativos a este expediente estaban ya disponibles y que no se permitió, por ejemplo, que se pudiesen conocer los efectos significativos directos o indirectos del proyecto sobre la población y la salud humana.

Por todos estos motivos llevaron ante la Audiencia Nacional este caso, que admitió a trámite la demanda y que ahora debe dictaminar. Vecinos y ecologistas son conscientes de que tardará en haber una resolución, de ahí que pidan medidas cautelares por si mientras tanto pudiesen avanzar los trámites y empezar las obras. Se solicita, lógicamente, que estos trabajos en el segundo tramo de la autovía no arranquen hasta que se pronuncie la Justicia al respecto.

Transportes tiene sobre la mesa tanto una demanda judicial como las peticiones políticas 

Al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, comandado por Óscar Puente, empiezan a acumulársele las cuestiones con respecto a la autovía A-57, una obra que lleva años tramitándose y que siempre estuvo preñada de polémica. Ahora mismo tiene sobre la mesa cuestiones enviadas por distintos emisarios pero con un mismo denominador común: que nadie parece estar de acuerdo ya con el trazado previsto para la A-57 y que se exige un cambio de rumbo en una infraestructura millonaria.

¿Qué va a hacer el ministerio? Es una incógnita a estas alturas. Una pista puede ser lo que está demandando el PSOE desde Galicia, más que nada porque se tratar del mismo partido que está gobernando en Madrid. ¿Qué piden los socialistas? Lo dijeron esta misma semana: creen que la obra tal y como está planteada no tiene sentido ahora mismo y proponen que en vez de que la autovía siga creciendo hacia el norte y vaya a desembocar a Barro que se priorice hacer el tramo a sur para que llegue a Ponteareas y los vecinos de Pontevedra tengan una salida gratuita hacia la meseta, ya que actualmente hay que pasar por caja en la AP-9.

El ministerio también debería ser consciente desde hace meses de que todo el arco político de Pontevedra, tanto de la ciudad como de la provincia, rechaza el actual trazado, ya que se tomaron acuerdos tanto en el Concello como en la Diputación en ese sentido. Pero falta que lleguen las directrices claras desde Madrid para una obra históricamente atragantada y enrevesada.

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