La asociación Vaipolorío, harta de que sus denuncias sobre vertidos ilegales al ENIL del río Gafos queden en nada

Una práctica ilegal y una lacra social. Así define la asociación ecologista Vaipolorío los recurrentes vertidos ilegales en el espacio natural de interés local (ENIL) del río Gafos, en Pontevedra. El presidente del colectivo, Gonzalo Sancho, recuerda que son muchas las denuncias que han realizado, pero que los resultados positivos son pocos. «Agás un só no que as autoridades medioambientais localizaron ao infractor e actuaron en consecuencia. No pasado mes de xullo deste ano, houbo incluso un vertido de depósitos de aceite usado, o que vén a ter a consideración dun vertido perigoso», expone. Desde Vaipolorío consideran que algo falla en el sistema cuando hay leyes que establecen las obligaciones y sanciones por esos comportamientos, pero nada pasa. Citan en concreto los artículos 26, 84 y 88 de la Lei 6/2021, de 17 de febrero, de Residuos e solos contaminados de Galicia. Un texto que recoge específicamente que, en el caso de daños medioambientales, la persona infractora está obligada a la reparación en los términos de la normativa vigente sobre responsabilidad ambiental.

Por otra parte, desde la asociación hacen hincapié en que en todo el espacio natural del ENIL del Gafos no hay un solo cartel que advierta de los usos y limitaciones de la zona, ni tan siquiera informa de que se trata de un espacio natural de interés local. En este sentido, considera que sería bueno y disuasorio alertar de las sanciones en las que pueden incurrir los infractores. «Sería millor unha sociedade na que se cumpriran as normas sen necesidade de sancionar. Pero este modelo social está lonxe. Sería bo entender que o que denuncia estas cousas non é peor persoa que o que mira para outro lado en non fai absolutamente nada», subraya Gonzalo Sancho. Desde Vaipolorío afirman que en los últimos años se avanzó muchísimo en la recuperación del río Gafos, por ello «non perdamos unha soa gota do río gañado». Alude la directiva de Vaipolorío a que, en el caso de las sanciones, se establecen multas desde 901 hasta 45.000 euros, o desde 9.001 hasta los 300.000 euros al tratarse de residuos peligrosos.

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