El PP puede correr lista para sustituir a los ediles condenados; completarla con el fichaje de personas externas; o, como opción más improbable, intervenir el Concello
02 jun 2014 . Actualizado a las 21:22 h.¿Están obligados los concejales a dimitir?
Si, al haber sido condenados. El propio Feijoo confirmó en una reciente entrevista en «Vía V» que si los siete concejales resultaban finalmente condenados, los echará del PPdeG sin aguardar a que esa hipotética sentencia evolucione a firme. Con todo, les recomendó que, ya ajenos al partido, recurriesen el fallo, pues creía en su inocencia.
¿Cuáles son las opciones que se le presentan al Ayuntamiento?
Ante la condena de siete concejales se abren tres escenarios: el PP puede correr lista para sustituir a los ediles condenados; completarla con el fichaje de personas externas; o, como opción más improbable, intervenir el Concello.
¿Hay motivos para disolver la corporación compostelana?
La legislación de régimen local establece la posibilidad de la disolución en casos de gestión gravemente dañosa para los intereses generales y que además supongan un incumplimiento grave de los deberes constitucionales. La disolución compete al Consejo de Ministros previa solicitud o de acuerdo con la Xunta de Galicia. Aun tratándose en ambos casos de imputaciones por corrupción, no son equiparables, dada la gravedad de los hechos en la localidad malagueña. En Santiago podría avalar la disolución el amplio número de cargos políticos implicados, ya que están imputados 10 de los 13 ediles del grupo de gobierno (nueve concejales acaban de ser condenados), -algunos por partida doble, como el alcalde Ángel Currás y Juan de la Fuente- y uno del PSOE, en diferentes causas judiciales.
¿Le interesa a Feijoo resolver el problema de Santiago con elecciones?
No. Dadas las circunstancias, el PP tendría muchas posibilidades de perder el gobierno local si se disolviera la corporación y se celebraran nuevas elecciones. La inacción de Núñez Feijoo tras aceptar las condiciones de Conde Roa para que este abandonara la alcaldía en abril del 2012 ha agravado notablemente el problema de Santiago, pero ahora el presidente del partido y de la Xunta podría decidirse por medidas drásticas para lavar esa imagen y presentar al PP como el partido que actúa frente a los casos de corrupción. La constitución de una gestora le permitiría mantener el control del Concello de Santiago y ganar tiempo hasta las municipales del 2015. No obstante, la primera disolución anticipada de una corporación municipal en Galicia sería una carga pesada para los populares.
¿Se está en plazo de convocar unas hipotéticas elecciones parciales?
No. La corporación salida de unas elecciones parciales debería tomar posesión como mínimo un año antes de las municipales del 2015, que se celebrarán el domingo 24 de mayo. Además, la convocatoria de elecciones tiene que realizarse en el plazo de tres meses desde que es oficial la disolución anticipada y durante ese intervalo el municipio estará gobernado por una comisión gestora. En la práctica, ya no hay tiempo, incluso acelerando el proceso disciplinario del PP para cargos encausados. Y hay que cumplir un trámite indispensable: la solicitud de la Xunta al Gobierno central.
¿Cómo se forma una comisión gestora?
La gestora es la opción cuando, tras disolver anticipadamente la corporación, hay menos de un año de plazo para las elecciones municipales. La gestora estaría formada por un número de miembros, no necesariamente salidos de la corporación disuelta, proporcional a la representación de esta. Son políticos o técnicos, designados por los partidos representados, que se encargan de la administración ordinaria del Ayuntamiento.
¿Puede el PP correr lista para sustituir a los concejales condenados si renuncian?
Le queda muy poco margen, pero aún puede hacerlo, tirando de suplentes. Tras la dimisión del exalcalde de Santiago, Conde Roa, entró Rebeca Domínguez, concejala imputada en la Pokémon; tras la marcha de Paula Prado (actual portavoz del PPdeG) Luis Meijide; y José María Rosende (José María Hernández renunció por motivos personales) cubrió la vacante del dimitido Albino Vázquez. Entre los que quedan (18 al 25 de la lista), el PP tiene varios problemas: el 18, Daniel Grela, difícilmente ocupará escaño al ser el padre de una de las personas supuestamente recomendadas para acceder a un puesto de trabajo en una de las guarderías municipales, gestionada por Vendex y que están incluida en la investigación del caso Pokémon; el 22, Aníbal García, ha fallecido; y el 24 y 25 son dos pesos pesados, que suenan fuerte en las quinielas como alcaldables para el 2015: Marta González, diputada en el Congreso; y Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente. Saltando a González y Hernández, y suponiendo que Josefa Saavedra, funcionaria del Concello; Francisca García Gil, personal eventual del PP en Raxoi; Celsa Blanco, jubilada; y el empresario Julio Rosende Couto, acepten entrar, el PP tendría que echar mano de varios suplentes para completar el gobierno.
¿Podrían entrar en el Concello Marta González o Agustín Hernández?
Por lista, les tocaría. Ahora bien, no es lo mismo acceder al Concello en medio de casos de corrupción y con el alcalde Ángel Currás y dos ediles (Adrián Varela -ya dimitido- y Rebeca Domínguez) imputados -la instrucción del caso Pokémon aún va para largo- si un posible procesamiento obliga a los otros siete a dimitir, que hacerlo en mayo del 2015, con un equipo propio y con todo el aparato del PP volcado para intentar darle la vuelta a una situación que ahora pinta negro para que los populares puedan retener la alcaldía que les costó 30 años alcanzar. En el caso improbable de que uno de los dos accediera a Raxoi antes de tiempo, estaría cantada la salida de Ángel Currás, ya que su destino no sería otro que la alcaldía.
¿El Concello de Santiago ya tiene preparado un plan B?
El 19 de mayo, el mismo día en el se celebró el juicio a los siete concejales de Santiago, la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Reyes Leis, llegó a reconocer públicamente que el Ayuntamiento compostelano ya tenía un «plan B» por si se producía una sentencia condenatoria de los ediles, una circunstancia que fue negada por otros compañeros de corporación, por lo que la edil tuvo que aclarar que «el plan B se llama Ley Electoral».