La abogada del ladrón del libro arremete contra el juez instructor, Vázquez Taín, al que acusa de saltarse la ley y haber coaccionado a su cliente para que confesase
20 ene 2015 . Actualizado a las 02:40 h.El guion de la primera jornada del juicio del Códice se escribió hace ya muchos meses. Fue en plena instrucción judicial, cuando la abogada del ladrón del famoso libro comenzó a ametrallar a recursos el proceso y a solicitar la nulidad de todas las actuaciones. Ayer fue fiel a ese libreto y dejó claro que su estrategia de defensa no pasa por demostrar la inocencia de su cliente, sino por intentar anular las cuantiosas y contundentes pruebas que existen contra él en el sumario.
La letrada, la vilagarciana Carmen Ventoso Blanco, solicitó durante dos largas horas la nulidad de todo el proceso. Considera ilegales los registros que se hicieron en los pisos de Fernández Castiñeiras porque excedieron la hora límite que figuraba en el auto. También los vídeos de las cámaras de seguridad de la catedral en las que se ve al electricista abriendo el armario del despacho del administrador y sacando de él fajos de billetes que se mete en los bolsillos.
Son dos actos fundamentales y de ser anulados darían al traste con buena parte de la investigación. De los registros se obtuvieron el propio Códice -en un garaje-, las llaves de múltiples estancias de la catedral y los 1,7 millones de euros que presuntamente Manuel Fernández Castiñeiras se llevó de la basílica desde el año 2000.
El fiscal, Antonio Roma, y la acusación particular, que ejerce la Iglesia, no comparten en absoluto ninguna de las peticiones de nulidad, pero en estas dos concretas fueron especialmente elocuentes al explicar sus motivos. Por un lado, que todos los registros se hicieron con autorización del detenido y en presencia de su abogada -en aquel entonces era una de oficio-, que firmó las actas y no formuló protesta alguna. Con respecto a los vídeos de las cámaras de vigilancia, en el caso de los obtenidos en el despacho del administrador, los más importantes, coincidieron en que se trata de una zona restringida, a la que solo se accede tras franquear numerosos estancias cerradas con llave. Por tanto, no son grabaciones afectadas severamente por la Ley de Protección de Datos.
También pretende la defensa del ladrón del Códice y de su esposa e hijo anular tanto la instalación de micrófonos en su piso como el que se pinchara el teléfono a Fernández Castiñeiras. Considera la letrada que se invadió la intimidad de su cliente y calificó como «registro encubierto» el que la policía hubiese accedido a la vivienda. Argumentos nuevamente rechazados por las acusaciones. El fiscal explicó claramente que consideraba las medidas perfectamente justificadas teniendo en cuenta la gravedad de la situación. «Un bien cultural único estaba en juego», explicó Roma, que añadió que la actuación contó con autorización judicial y que no es inusual en las investigaciones policiales.
«Un Guantánamo procesal»
La abogada del ladrón del Códice fue muy crítica con la instrucción que llevó a cabo el juez José Antonio Vázquez Taín. De él dijo que había obstaculizado su derecho de defensa, que no fue imparcial y que convirtió la investigación en lo que ella definió como «un Guantánamo procesal». El magistrado presidente del tribunal de la Audiencia le interrumpió con un «esto no es un proceso al juez» que no hizo mella en la letrada, que prosiguió leyendo frases del interrogatorio tras la detención del acusado que, aseguró, eran ofensivas y demostraban que Fernández Castiñeiras fue coaccionado para que confesase.
El fiscal no defendió con mucho ímpetu ese interrogatorio, pero sí resaltó que el ladrón del Códice fue asistido por una abogada, que firmó el acta y no formuló protesta alguna, por lo que no procede hacerla ahora en el juicio. Tanto para el ministerio público como para la acusación particular, las actuaciones se hicieron de acuerdo a derecho y no deben ser nulas. El tribunal anunciará su decisión en la sesión de hoy, antes de que se llame a prestar declaración a los tres acusados.