La Xunta paralizará las altas de pisos turísticos en el área vetada por Raxoi
SANTIAGO
La moratoria en la concesión de licencias para esa actividad será efectiva por un año
30 dic 2019 . Actualizado a las 19:59 h.La Xunta no admitirá nuevas altas de pisos turísticos en su Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas en aquellos ámbitos donde el Ayuntamiento ha vetado cautelarmente su implantación. Ello significará la paralización durante un año de la tramitación de cualquier nueva solicitud en lo que se entiende como la ciudad consolidada, lo que incluye el Ensanche, Pontepedriña, Restollal, Conxo y Santa Marta y el ámbito que se perfila al nordeste del casco histórico y que alcanza, en este caso, hasta Fontiñas, San Lázaro, Vite y Vista Alegre. En el casco histórico esa prohibición ya es efectiva desde finales del 2018, cuando una modificación de su plan especial limitó la implantación de nuevos alojamientos temporales en las ordenanzas de uso residencial.
En el período en el que el veto será efectivo, el Concello analizará el nivel de implantación de este nuevo modelo de alojamiento temporal y su afectación real sobre la oferta tradicional de vivienda para el alquiler y sobre las dinámicas de usos de la ciudad, pues su concentración puede alterar la diversidad en la oferta de servicios para los residentes habituales. Y afrontará los trabajos para introducir su ordenación en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
La moratoria en la concesión de licencias para esa actividad persigue evitar que durante ese período proliferen nuevos establecimientos que alteren el equilibrio de usos que se quiere asegurar con la revisión del planeamiento. Esa es la herramienta por la que ha optado Raxoi para regular la implantación de los pisos turísticos sin una posición prohibicionista, dice, pero asentada en la preservación de una «biodiversidade» de usos que ve peligrar ante la merma del mercado del alquiler tradicional, la consecuente expulsión de residentes y el encarecimiento de precios.
Pero si la competencia urbanística para ordenar esos usos es municipal, las autorizaciones turísticas dependen de la Xunta. De ahí que el Concello precise de su respaldo para que esa moratoria sea efectiva. Y lo tendrá. Desde la Consellería de Cultura e Turismo afirman que no registrarán nuevas altas, aunque están pendientes de que el Ayuntamiento les indique qué ámbitos serán los afectados. La moratoria no será efectiva, no obstante, antes de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), donde previsiblemente aparecerá en breve tras su aprobación plenaria el jueves.
Mayor control
Con ese veto cautelar y la colaboración de la Xunta, con la que ya ha mantenido contactos y creará un grupo de trabajo, el Concello pone límites de momento a la proliferación de nuevos asentamientos turísticos legales. Pero los irregulares persisten. Y no son pocos. Aunque no hay datos contrastables con certeza, el Concello estima que habrá unos 900, lo que los sitúa muy por encima de los 641 autorizados. Y demanda de la Xunta que ejerza su labor inspectora. Sin ofrecer datos sectorializados por municipios, esta apunta que está ejecutando esa labor inspectora, si bien refiere también que las medidas aprobadas recientemente en el Parlamento, dentro de la Lei de Acompañamento dos Orzamentos, facilitarán ese control.
Desde enero próximo, las viviendas turísticas deberán tener visible el número de registro cuando se publiciten. La medida contribuirá al control de la legalidad por parte de la Administración, pero también facilitará al usuario conocer la situación administrativa del alojamiento con el que quiera concertar su estancia. «Entendemos que vai contribuír á mellora dos controis», dice la consellería.
La moratoria, con varias excepciones, afectará a todo tipo de establecimientos hoteleros
Los estudios que afrontará el Concello, con medios propios y externos, si fuese el caso, habrán de definir en qué ordenanzas de carácter residencial se admitirá el uso de vivienda turística y en qué medida. Estas podrán limitarse allí donde se considere que una mayor implantación alteraría la pervivencia del uso residencial, y potenciarse en ámbitos donde la pujanza de este modelo de alojamiento pudiese favorecer procesos de rehabilitación de edificios o la regeneración urbana de zonas más deprimidas.
El veto cautelar no solo afectará a las iniciativas para la implantación de nuevas viviendas turísticas, sino a las de cualquier iniciativa de alojamiento temporal: hoteles, pensiones y albergues turísticos (salvo los públicos para peregrinos). Pero habrá excepciones a esa moratoria. Entre ellas, las parcelas sujetas a ordenanzas de equipamientos y dotaciones y las del antiguo hospital de Galeras y el Peleteiro (en el Ensanche). La extensión del veto a todas las modalidades de alojamiento turístico y excepciones como la del Peleteiro motivaron la abstención del PP en el pleno del pasado jueves.