El bipartito de Santiago congela impuestos ahora, pero planteará subidas para el 2025

La coalición de gobierno de BNG y CA congelará la presión fiscal municipal para el próximo año, pero no será esa la política que mantenga para el 2025. El ejecutivo de Goretti Sanmartín prevé plantear para entonces una actualización de la carga impositiva, aunque cualquier subida no estará solo en su mano. Tendrá que convencer a alguna otra formación. Su condición minoritaria (8 concejales de 25) le obligará a negociar cualquier modificación fiscal con la oposición. Bien con el PP (11 ediles) o con el PSOE (6), la formación gobernante en el anterior mandato y que dio la alcaldía a la nacionalista, aunque rechazó entrar en el gobierno que esta comparte con Compostela Aberta.

El BNG, del que depende la gestión de la hacienda municipal, proyecta esa revisión para el 2025 en un contexto de subida de costes en servicios, de aumento de gastos de funcionamiento de la Administración y de incremento de salarios, dice, y amparándose, además, en la congelación de las ordenanzas fiscales de los últimos años. La última revisión, puntual, fue en el 2019. Sánchez Bugallo pactó entonces con CA rebajar el IBI rural (del 0,51 al 0,48) para el 2020 y bonificar la creación de nuevas empresas, lo que se compensó con una subida (del 0,54 al 0,55) del tipo para el 10 % de los inmuebles urbanos no residenciales de mayor valor catastral.

Cualquier propuesta futura de actualización estará sujeta al diálogo con los «axentes implicados» y a los estudios económicos pertinentes, que serán los que definan el alcance de esa revisión para mantener las prestaciones municipales, defienden desde el gobierno. Para esa negociación queda todavía casi un año, pero el bipartito ya está poniendo las cartas sobre la mesa, aunque antes tendrá que salvar la negociación del presupuesto del 2024, de cuya propuesta todavía nada se sabe, con noviembre ya iniciado.

Para entonces habrá aún congelación fiscal. Los compostelanos no notarán todavía cambio alguno en su carga impositiva, salvo los ajustes que puedan derivarse de la modificación de la ordenanza que regula el cobro de la tasa de basuras, que sí se prevé revisar para desvincular su cobro del del agua, a la que lleva años asociada. El gobierno quiere revisar la ordenanza con tal fin, aunque de momento no lo ha planteado a la corporación, como tampoco la anunciada revisión de la ordenanza de plusvalías para adaptarla a la nueva ley.

El PP, que llevaba en su programa bajadas selectivas de impuestos, y expresamente del IBI, observa que no tiene sentido «falar de incremento de impostos e necesidades da cidade cando hai pouco menos de tres semanas se asina ese decreto da vergoña», dice en relación al decreto por el que el gobierno decidió la creación de nuevas direcciones de área que supondrán seis nuevas plazas de altos cargos, con un coste anual que superará el medio millón.

Eso supone un millón con las direcciones de área que ya están funcionando, apunta Borja Verea, quien sostiene que el bipartito se plantea ese escenario de subidas «a medio e largo prazo» para cubrir «as súas necesidades, non as necesidades da cidade». El popular apuesta expresamente, entre esas bajadas selectivas, por la del IBI, «porque Santiago é unha das cidades galegas nas que os cidadáns pagan máis polo IBI», no tanto por el tipo impositivo, dice, sino «porque os valores catastrais se incrementaron moito nos últimos anos». «Nós estamos noutra liña política e de xestión: hai que aforrar e xestionar correctamente para xerar eses marxes e alivia o peto da xente», dice Verea.

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