Las inmobiliarias piden reforzar las inspecciones y las sanciones en las viviendas de uso turístico de Santiago
SANTIAGO
Reconocen que, aunque hubo paso al alquiler residencial, «el efecto positivo ha sido menos significativo de lo esperado»
22 ago 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) ha presentado una serie de alegaciones y propuestas con el fin de mejorar la ordenanza vigente en Santiago en materia de viviendas de uso turístico (VUT). Considera que el reglamento en vigor, que limita la ubicación de este tipo de alojamiento a las primeras plantas de los edificios, «ha logrado frenar parcialmente la proliferación descontrolada» de los inmuebles dedicados a esa actividad, especialmente en el casco histórico. Advierten desde ese colectivo que, aunque algunas de esas viviendas se han incorporado al mercado del alquiler residencial, «aliviando la presión sobre los precios del alquiler, el efecto positivo ha sido menos significativo de lo esperado» por el sector.
Agalin destaca las dificultades en la aplicación de la normativa y asegura que «muchas VUT siguen operando sin licencia», a través de plataformas de alquiler turístico. Entre las consideraciones apuntadas por Agalin subraya la falta de inspecciones y la aplicación «inconsistente de sanciones», lo que provoca que «esta situación persista, debilitando la autoridad y efectividad de las regulaciones».
Ante esta situación, Agalin propone en sus alegaciones siete medidas para mejorar la ordenanza. Pide que se incremente el número de inspecciones y supervisión, y sugiere que se ponga en marcha un «programa intensivo y periódico de inspecciones en áreas con alta concentración de VUT, complementado con una plataforma digital para monitorear en tiempo real la actividad de las VUT». Propone, además, reforzar las sanciones «para disuadir el incumplimiento», y plantea que sean «acumulativas para reincidentes».
Más multas disuasorias
Una de sus propuestas es la de reforzar las sanciones «para disuadir el incumplimiento», y sugieren que sean «acumulativas para reincidentes». Sus alegaciones se completan con la sugerencia de que se mejore la colaboración con las plataformas de alquiler para que solo publiquen anuncios de la VUT con licencia; y que se eliminen las ambigüedades de la normativa vigente, especialmente en la concesión de licencias y restricciones aplicables al alquiler de habitaciones en viviendas. Proponen fomentar el alquiler a largo plazo, introduciendo «incentivos fiscales y subvenciones», así como crear un órgano de supervisión dedicado en exclusiva al control de las VUT. Agalin coincide con la Unión de Consumidores de Galicias en pedir la creación de una plataforma para que los «residentes denuncien anónimamente las VUT ilegales». Consideran que este órgano se encargaría, igualmente, de publicar informes sobre el cumplimiento de la normativa.
Aviturga y los pequeños propietarios creen que la normativa está vacía de contenido
Tanto los portavoces de Aviturga como los del colectivo de los pequeños propietarios de VUT expresan su sorpresa ante la ordenanza municipal. Aviturga avanza que sus alegaciones incidirán en el hecho de que el Concello entra en cuestiones que no son de su competencia. En este sentido, desde esa asociación indican que la pretensión de regular el alquiler por habitaciones no se permite en la ley gallega, por lo que una ordenanza municipal no puede abordar ese ámbito. «Es que pretenden regular algo para cuando la Administración que tiene la competencia lo permita», explican. Por otro lado, la ordenanza de Raxoi desarrolla el formulario para la comunicación previa de un alquiler inferior a 60 días, algo «innecesario», dado que el Ayuntamiento tiene formularios para ese fin.
En cambio, recuerdan desde Aviturga que una de las cuestiones que se comprometieron a abordar en la ordenanza es aquello que quedó pendiente en la modificación del PXOM. Insistieron a la alcaldesa en que su voto en la modificación del plan urbanístico se justificó en que no se incluyó una disposición transitoria para excluir a las viviendas que estaban operando antes del cambio del PXOM. Ante las propuestas la Unión de Consumidores de Galicia (UGC) y Agalin, Aviturga apunta que las alegaciones de ambos solo se entienden por un «total desconocimiento del marco normativo aplicable a las VUT en Galicia y del marco de competencias de cada administraciones: Estado, comunidades autónomas y concello».
Por su parte, fuentes de los pequeños propietarios recalcan que la alcaldesa incumplió la promesa de excluir las VUT que estaban en el registro antes de la modificación. Y expresan su sorpresa por la petición de los consumidores de crear un registro que ya existe, y también con la propuesta de Agalin y la UGC de que los residentes «se conviertan en denunciantes de sus vecinos».