El verano que hoy se despide deja en Santiago un reguero de récords en todo tipo de balances turísticos y una batería de iniciativas de gran trascendencia para la regulación de este sector que tira de la economía de la capital como ningún otro en el ámbito privado. Con luces y con sombras, que de todo hay, pero con intención de poner orden para que no acabemos matando la gallina de los huevos de oro. Que la aplicación de una tasa turística tenía que llegar estaba cantado desde hace tiempo, por encima de la escenificación de un baldío tira y afloja entre los gobiernos de la Xunta y del Concello. Santiago tomó la iniciativa hace ya mucho, en tiempos de la alcaldía de Compostela Aberta con Martiño Noriega, cogió el testigo el socialista Sánchez Bugallo y ahora remata la jugada la nacionalista Goretti Sanmartín. Tras el acuerdo de partida entre ambas partes, debe allanarse el camino legislativo para que la primera tasa turística de un concello gallego pueda estar operativa el próximo año, como se ha comprometido la Xunta. Las condiciones que el viernes le reiteró el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, a la alcaldesa —que los ingresos por la tasa reviertan en la sostenibilidad del sector y que haya consenso en este sobre su aplicación—, parecen lógicos de antemano y, por tanto, no debieran ser un obstáculo. Se podrá debatir a qué se refiere el término sostenibilidad. ¿No incluye, por ejemplo, la mejora del servicio de limpieza de los lugares de mayor impacto turístico? El margen parece amplio. La sostenibilidad es aplicable también a iniciativas necesarias, aunque de debatible eficacia, como la campaña informativa a pie de calle realizada este verano —con demasiado retraso— en busca de una mejora de la convivencia entre visitantes, sean turistas o peregrinos, y residentes. Por contra, las sombras se ciernen sobre la moratoria de apertura de nuevos locales de negocios turísticos que, puesta en práctica por un año, no puede demorarse para evitar que aumenten los inmuebles cerrados; y sombras también sobre la regulación de las viviendas turísticas, aplicada sin resquicio de la flexibilidad demandada por los propietarios, de forma que solo 170 de las casi 850 incluidas en el registro de la Xunta cumplen los requisitos urbanísticos municipales. Ni tanto, ni tan calvo.