He vivido placenteramente, siendo estudiante, en el Raval de la Barcelona preolímpica, antes de que los yupis tomasen ese barrio multicultural de inmigrantes, cuyas alcantarillas de marginación y burdeles era retratado magistralmente en sus crónicas de una ciudad en cambio por Vázquez Montalbán [a cuyo popular personaje Pepe Carvalho debo, por cierto, mis esfuerzos en corregir, ante cualquier ventanilla burocrática catalana, que no, que mi apellido no es portugués, sino gallego y, por tanto, «con b y ll»]. Y también he sido periodista de sucesos en el Vigo de finales de los ochenta, cuando Sito Miñanco y muchos de menor graduación en el sanguinario escalafón del narcotráfico hacían de las suyas y, un día sí y otro también, la droga era la causa de atracos a sucursales bancarias y de muertes de jóvenes por sobredosis tan cotidianas que ya habían dejado de ser noticia, mientras Carmen Avendaño lideraba la lucha social con un batallón de madres de una generación perdida en el abismo de la coca y la heroína. ¿Es comparable hoy? Sin duda, no. No en Santiago, afortunadamente. ¿Debemos asumir la situación actual y conformarnos con ella? En absoluto. En Santiago se han disparado las alarmas en las últimas semanas al hilo de un viejo problema, tan viejo como al menos tres décadas, cuando el caballo arrasaba los suburbios de las grandes ciudades y, en la nuestra, el mal llamado «supermercado de la droga» del Banco do Pobre ya alimentaba tragedias. Como esa industria del dolor tiene nombres y apellidos, la policía la tuvo siempre bajo control y la sangre de las jeringas no llegaba al Sar. Nunca fue un drama, salvo para quienes tuvieron que convivir en la distancia corta de la vecindad y ahora que la pequeña delincuencia hace diana casi todas las noches en los locales de negocio en cualquier zona de Santiago para reventar cajas registradoras. La seguridad ciudadana tiene un componente esencial de sensaciones, y uno se siente seguro mientras no es víctima —él o los suyos— de un delito que en cualquier momento puede producirse. Pero el problema exige no solo una solución policial, que es lo fácil si hay voluntad, sino sociosanitaria. Vite fue, y sigue siendo, un caso modélico. La Umad es un recurso indispensable en esta lucha. Que esté bajo mínimos no augura nada bueno.