La expulsión de los cuatro ediles del PSOE de Santiago se resolverá en los tribunales
SANTIAGO
La demanda ha sido admitida a trámite y la llevará el juzgado número 3
29 abr 2025 . Actualizado a las 21:12 h.La expulsión por la dirección del PSOE de los concejales Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez ya ha iniciado el trámite judicial. La demanda interpuesta por los cuatro ediles para la impugnación de las resoluciones de la comisión federal de ética y garantías ha sido admitida a trámite. El caso lo llevará el juzgado número 3 de Santiago. Los cuatro ediles socialistas interpusieron la demanda en la semana del 17 de marzo, en respuesta a la notificación que recibieron de Ferraz el día 14 de ese mes con la resolución de expulsión definitiva del partido.
Además, desde el 10 de marzo las dos partes están notificadas para la vista judicial en la que deberá resolverse la concesión de la solicitud de la medida cautelar que demandan los cuatro concejales expedientados para la suspensión de la eficacia y ejecución de las resoluciones disciplinarias. Esa vista ya tiene fecha: será el próximo 9 de mayo.
De este modo, se abre un itinerario judicial sobre el que habían alertado los propios concejales, que ya el 24 de enero, cuando Ferraz inició el procedimiento al comunicar su expulsión provisional, habían advertido de su intención de llevar el caso a los tribunales en cuanto se les comunicara la definitiva. La dirección del PSOE achacó a los ediles que incurrieron en faltas graves y muy graves de la normativa socialista, como «la obstrucción a la labor y decisiones de los órganos del partido», y la «actuación, por acción u omisión, en contra de acuerdos adoptados por las órganos de dirección del partido que afecten a las instituciones». Además, en el caso de Gonzalo Muíños, al que el PSOE notificó en enero la suspensión de militancia e inhabilitación para ejercer cargo público durante un año y medio, Ferraz también le imputa la sanción muy grave de «desempeñar cargos públicos o asimilados sin la autorización expresa de los órganos competentes del partido». En el comunicado que emitió sobre la expulsión definitiva, en el que enmarcó su proceder dentro de lo establecido en el artículo 341.1. del reglamento federal de desarrollo de los estatutos del partido, la dirección socialista también advirtió que la resolución era «de inmediato cumplimiento, a pesar de que las personas sancionadas tengan la posibilidad de interponer los recursos que consideren ante la comisión federal de ética y garantías».
El caso es que la vía judicial se pone en marcha ahora sin que el caso esté todavía resuelto en el ámbito del Concello, donde, oficialmente, Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez continúan formando parte del grupo socialista, con el primero de ellos todavía en el puesto de portavoz. Esto es así porque, ante su expulsión del PSOE, el secretario municipal abrió un período para que los cuatro concejales pudieran alegar, un plazo que, el caso de Muíños, expiró el pasado martes. Esto impidió que el asunto fuera al pleno ordinario del jueves, lo que permitió a los díscolos seguir ocupando sus puestos y derivó en el plante de los dos únicos concejales que reconoce Ferraz, Sindo Guinarte y Marta Abal, para presionar al gobierno de Goretti Sanmartín y evidenciar de este modo su malestar por una actuación por la que acusan a la alcaldesa de estar prolongando la crisis interna en las filas socialistas.
La crisis del grupo socialista deriva en una brecha entre el BNG y su principal apoyo de gobierno
La semana que acaba marca y antes y un después en la crisis abierta en el grupo socialista en Raxoi, convertida ahora en una brecha abierta entre el PSOE y el BNG que ha tensionado, y puede complicarle, la gobernabilidad a Goretti Sanmartín. Porque la decisión de Sindo Guinarte —el portavoz del grupo que reconoce el PSOE— y de Marta Abal de ausentarse del pleno del jueves fue algo más que una pataleta en clave interna. El PSOE apunta al BNG, al responsabilizar a Sanmartín de prolongar la situación en el grupo socialista. El propio Guinarte explicó en un comunicado que la ausencia de los dos concejales estaba motivada por la decisión «da alcaldesa de non incorporar na orde do día do pleno o punto de toma en consideración do paso a concelleiros non adscritos» de los cuatro ediles expulsados, de forma que estos quedaran así desligados del grupo socialista. Guinarte apostilló que los dos únicos concejales que reconoce la dirección socialista de los seis que fueron elegidos en las urnas no acudieron a una sesión plenaria en la que «se impide que a presentación lexítima do PSOE poida asumir a efectiva representación que lle corresponde».
La alcaldesa recogió el guante y, tras sostener el mismo jueves que no impide «a representación lexítima de ningún grupo», el viernes anunció que no esperará al pleno ordinario de mayo para resolver la situación, ya que convocará una sesión extraordinaria en cuanto finalice el proceso para que los cuatro ediles expulsados por Ferraz pasen a la condición de no adscritos. El BNG intenta aplacar así una crisis interna en el PSOE que, con tanta dilación, ha acabado por agrietar una relación clave para gobernar.
Turbulencias en Raxoi
Tras una plácida primera parte del mandato municipal en Raxoi, el periplo se complica de la forma más inesperada. La drástica resolución de una disputa en el PSOE ha derivado en un problema serio para el BNG. Sin más intervención en esa crisis en casa ajena que la emisión del informe del secretario municipal para que los ediles expulsados pasen a la condición de no adscritos, imprescindible para que dejen vía libre a un grupo socialista que solo conservará a dos de los seis que obtuvieron acta en el 2023, el BNG se ha topado con una crisis inesperada. Toca gestionar las turbulencias.