Pide también que se baje a 5 los inmuebles para ser gran tenedor en la capital
27 may 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Santiago solicitará al Instituto Galego de Vivenda e Solo —pretendía hacerlo ayer mismo— la declaración de todo el municipio capitalino como zona de mercado residencial tensionado, para poder aplicar las medidas de la nueva Ley de Vivienda que topan los precios del alquiler. La Xunta de Goberno aprobó ayer iniciar el procedimiento, después de que la diagnosis sobre la situación del mercado encargada por el Ayuntamiento al Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña determinase que Compostela cumple con dos de los cuatro criterios que fija la normativa para demandar dicha declaración. Pero, la solicitud no se queda ahí.
Amparándose en las posibilidades que abre esa misma ley, el gobierno de Goretti Sanmartín demanda también al instituto autonómico con competencias en vivienda que tenga en cuenta dos aspectos. El primero es que incluya en la consideración de gran tenedor a las personas físicas o jurídicas que sean titulares de cinco o más inmuebles de uso residencial en el municipio, excluidos garajes y trasteros.
La ley fija el mínimo en diez, pero también admite que se rebaje, si hay motivos que lo justifiquen, lo que permitiría aplicar sobre estos inmuebles las obligaciones que la normativa impone a los grandes tenedores, como la aceptación en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual una prórroga extraordinaria (con los mismos términos y condiciones) por un plazo máximo de un año cuando el arrendatario acredite documentalmente que se encuentre en una situación de vulnerabilidad social y económica.
Santiago cuenta ahora mismo con más de cien viviendas que son titularidad exclusiva de personas que poseen en el propio municipio entre 5 y 10 inmuebles urbanos de uso residencial, según los datos del IBI. Y hay 463 titulares de cinco o más inmuebles de uso residencial que concentrarían, en función de su nivel de participación en la titularidad, hasta un total de 3.700 propiedades, lo que supone el 6,85 % de los inmuebles residenciales urbanos.
El Ayuntamiento entiende que las circunstancias de la capital avalan que se rebajen los límites que marca la ley para definir lo que es un gran tenedor. Y, también, que justifican sus aspiraciones con respecto al segundo de los aspectos que demanda junto con la propia declaración de zona tensionada: que los inmuebles que no tuviesen ningún contrato de arrendamiento como vivienda habitual en los últimos cinco años no puedan exceder el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia para la renta pactada al inicio del contrato.
La Xunta tendrá seis meses para decidir si acepta o no la solicitud. De hacerlo, la declaración tendrá una vigencia de tres años. El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, considera que es necesario intervenir en el mercado del alquiler porque la escalada de precios se ha convertido «nunha fonte de desigualdade e nun factor de empobrecemento». El edil apunta que mientras en la última década la renta media de los hogares subió un 33 % en España, el precio medio del alquiler lo hizo un 77 %, y que «moitas persoas non poidan acceder a unha vivenda digna e, as que aínda poden, teñen cada vez máis dificultades para chegar a fin de mes, e cada vez menos capacidade de aforro».
Para Lestegás, la situación «é tan grave que é necesario que as persoas que ocupamos postos de responsabilidade en materia de vivenda, a calquera nivel e en calquera administración, adoptemos decisións valentes e impulsemos medidas eficaces para garantir o dereito á vivenda e a función social da propiedade». «Non actuar non é unha opción», dice.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, consideró «sorprendente» que Santiago se «desmarque» de la ley respecto a la definición de gran tenedor, pero valorarán la propuesta, que aún desconocen.
Iago Lestegás: «Esa declaración non é un fin en si mesmo, é unha ferramenta»
La declaración de zona de mercado residencial tensionado «non é un fin en si mesmo», sino «unha ferramenta» que permitirá «conter a escalada do prezo do alugueiro mentres as diferentes administracións implementan medidas para abordar as causas estruturais do problema da vivenda», defiende Lestegás. Pero la intervención en el mercado a través de los precios no es la única ventaja que el gobierno local ve en tal declaración. Esa circunstancia también abriría la posibilidad de que los ayuntamientos accedan a fondos estatales específicos para promover vivienda pública, además de las reducciones fiscales que puede conllevar.
Lestegás confía en que la Xunta atienda la solicitud, dijo, tras dar cuenta de las conclusiones de los estudios municipales previos que, insiste, debió haber hecho la Xunta, como Administración competente en la materia. Pero «desentendeuse por completo deste asunto», de lo que concluye que «iso só pode significar unha cousa, que a escalada do prezo do alugueiro e a dificultade que experimentan cada vez máis persoas para acceder a unha vivenda non lle importan ao PP».
Seis meses
Seis meses. Ese es el plazo límite que la Xunta tendrá para pronunciarse sobre la solicitud de Santiago, lo que sitúa la posible declaración ya llegando al 2026, en el caso de que le dé vía libre y sin reclamar más información. También podría contestar con el silencio administrativo, lo que significaría su desestimación. En ese caso, habría que ir al contencioso administrativo.