Es rigurosamente cierto que el modelo de ocupación del territorio gallego es el que es desde tiempos prehistóricos, distinto de otras partes. La cultura de los castros y la creación de docenas de millares de aldeas está en el origen de nuestra dispersión. Eso es inamovible, en la comarca y en el país entero.
Las consecuencias son unas buenas y otras no tan buenas. Cuando alguien lamenta que la ambulancia no puede llegar a su casa o el coche de bomberos a la palleira en llamas, la culpa no puede adjudicarse al alcalde. Mírese la historia y que cada uno hizo aquí de su capa un sayo, cosa no común en otros lugares. Hay lo que hay y no se puede dar marcha atrás. Y quien gobierne o quiera gobernar este país tiene que contar con ello.
Por eso resulta incomprensible que una madre tenga que pedir reducción de jornada en una parroquia compostelana, Santa Cristina de Fecha, para llevar en coche a sus hijos al colegio a Portomouro o los menores se verán obligados a caminar casi kilómetro y medio hasta la parada del autobús, llueva o haga sol. Y vuelta, claro.
Cierto es que mi madre andaba, también lloviera o hiciera sol, tres kilómetros cada mañana (y vuelta) para ir al colegio. Pero el calendario marcaba los años treinta del siglo pasado, y ahora acabamos de pasar los fastos jacobeos donde se tiró la casa por la ventana (y se obtuvieron grandes réditos) y llegaron millones de subvenciones de Europa. Estamos en el 2023.
Eso sí, en la misma página en que este periódico publicaba justamente eso se leía que va a arrancar la construcción del tramo de autovía de A Ramallosa a Pontevea, tres kilómetros y medio que cuestan más de veintisiete millones de euros. ¿No parece contradictorio?