El Congreso de los Diputados rechazó ayer la petición del PP sobre la comparecencia urgente de la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, para dar explicaciones sobre la financiación de la ley de dependencia, aunque apoyó su presencia en la Cámara durante el mes de septiembre.
Durante la reunión de la Diputación Permanente, el PP defendió la necesidad de que la ministra diese explicaciones de forma inmediata ante un «sistema opaco» de la dependencia y con «amenaza de cortes presupuestarios», postura que fue apoyada por el BNG, el Grupo Mixto, y el PNV.
Sin embargo, el PSOE, CiU y ERC plantearon que la comparecencia de la responsable de Asuntos Sociales puede ser en septiembre, tras la reunión que mantendrá el día 4 de ese mes la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial de la Dependencia.
Todos los grupos coincidieron en expresar los problemas de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. Para el diputado del PP Alfonso Alonso, la ley está ofreciendo en el segundo año de aplicación una escasa cobertura y «se desarrolla con una lentitud desesperante». Explicó que se han creado unos 6.000 empleos del sector de la dependencia, cuando la previsión era de 196.000, «expectativas que se han traducido en frustración», y que las comunidades autónomas van a recibir 50 millones de euros menos para atender a un mayor número de dependientes.
«La ministra Cabrera debe venir al Parlamento para explicar por qué se recorta la financiación de las comunidades», dijo Alonso, quien opinó que el Gobierno debe defender «el desarrollo viable de la ley» y comprometerse a priorizar la atención de los dependientes en los Presupuestos del 2009.
Desde el PSOE, Soledad Pérez Domínguez aseguró que «no existen recortes ni reducciones del gasto en materia de dependencia», sino un aumento del 26% de las cantidades previstas en la memoria económica de la ley para este año. Lamentó que en las comunidades de Madrid, Murcia, Valencia y Castilla y León sea tan «escaso» el número de personas valoradas, lo que está incidiendo en el reparto de estas cantidades. «A todos nos interesa el desarrollo de la ley», dijo la diputada del PSOE.
Al igual que el PP, Francisco Jorquera, del BNG, habló de «incumplimiento de los compromisos con las comunidades autónomas en el despliegue de la ley», mientras que Emilio Olabarría, del PNV, opinó que se está produciendo una «calamitosa aplicación», por lo que pidieron la presencia de la ministra.
Una comparecencia que puede esperar a septiembre, según plantearon Joan Ridao, de ERC, y Josep Sánchez-Llibre, de CiU, quienes coincidieron en que la ley no está cumpliendo las perspectivas iniciales.
Plan propio en Galicia
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, aseguró ayer que «Galicia necesita un plan de financiación propio», y que no le pueden servir los modelos de Andalucía, País Vasco o Cataluña. El nacionalista cifró en 80 millones de euros la cantidad que le corresponde a esta comunidad, «y no es una cuestión de caridad», sino de «aplicación de la ley de dependencia que entre todos aprobamos».