Las personas dependientes con una renta mensual inferior a 516,90 euros, actual Iprem (índice público de renta de efectos múltiples), no tendrán que pagar ningún servicio ni prestación que reciban en aplicación de la ley de dependencia. Los que superen esta cantidad tendrán que abonar un porcentaje del coste, dependiendo de su renta y patrimonio.
Este es el acuerdo al que llegaron ayer el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de la Dependencia, que también aprobó los criterios comunes que deben aplicar las autonomías para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema de dependencia.
El acuerdo regula los requisitos, fija una coparticipación progresiva y establece los umbrales mínimos y máximos de cofinanciación del beneficiario, que hasta ahora decidían las comunidades autónomas. Dentro de estos parámetros, las autonomías determinarán la capacidad económica del beneficiario según su renta y patrimonio. Ahora bien, la vivienda habitual solo computará para fijar la cantidad que deberá pagar en caso de que el servicio sea de atención residencial, o la prestación económica vinculada a este servicio, y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en su casa.
«Hemos establecido unas reglas de juego comunes que hay que cumplir», afirmó la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, que añadió: «Estos acuerdos garantizan las prestaciones y servicios de calidad de acuerdo con la capacidad económica de las personas dependientes y, por tanto, nadie se quedará fuera».
En caso de que la capacidad económica del beneficiario sea superior al Iprem, las comunidades fijarán los índices de reducción, teniendo en cuenta que la prestación que reciba el ciudadano nunca podrá ser inferior al 40% de la cuantía establecida anualmente para la prestación económica vinculada al servicio y de asistencia personal, y del 75% para la de cuidados del entorno familiar.
Los límites aprobados ayer no modifican lo que abonan los dependientes gallegos, pues los porcentajes están dentro del abanico aceptado. «Os acordos non interfiren para nada o que se viña facendo en Galicia, porque está dentro dos parámetros que se aplican, incluso antes de que se aprobara esta lei. O abanico é amplo e flexible. Aquel que non pagaba antes, tampouco o fará agora», afirmó Anxo Quintana, el vicepresidente gallego, que representó a la Xunta en el consejo.
Sobre la calidad de los centros y de los servicios, los requisitos acordados hacen referencia a las instalaciones y al equipamiento, al igual que al personal. Así, en el 2015, todos los trabajadores deberán tener título o cualificación profesional. Hoy solo lo posee el 30%.