La central nuclear de Garoña, inaugurada en 1971, es la más vieja del parque español y la que más polémica ha generado. El Gobierno de Zapatero la condenó a su extinción en julio del 2013, cuando el propio CSN había considerado que desde un punto de vista técnico tenía capacidad para operar, cumpliendo una serie de reformas, hasta el 2019. Luego, la orden del anterior ejecutivo socialista fue revocada por el Gobierno del PP en julio del 2012. En este texto se permitía a Nucleonor pedir la renovación de la autorización de la explotación hasta el mes de septiembre, cosa que no hizo.
¿A qué obliga Seguridad Nuclear?
Si Nucleonor quiere volver a operar, lo que significa cargar de nuevo el combustible después de un año en parada fría, deberá realizar las modificaciones de diseño requeridas en anteriores informes del CSN, incluido un nuevo sistema de tratamiento de gases; mantener el programa de inversiones, reforzar la seguridad de acuerdo con las lecciones de Fukushima y otras medidas adicionales. Será, en todo caso, una inversión muy elevada para una planta que apenas generaba, antes de su apagón, el 1 % de la electricidad en España.
¿Hay marcha atrás?
La vía judicial está activa. Greenpeace mantiene abierto un proceso en la Audiencia Nacional para revocar la orden ministerial del PP que permite la continuidad de la central. Cristina Narbona, una de las vocales del CSN y ex ministra de Medio Ambiente con el PSOE, denunció presiones políticas en la toma de la decisión. Nucleonor tampoco ha explicado por qué ahora considera rentable a la planta.