Los positivos deben decir con cuántas personas estuvieron desde dos días antes del inicio de los síntomas del covid-19
13 may 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Sanidad obliga desde ayer a todos a los servicios de salud de las comunidades, y de forma particular a los centros de atención primaria, a realizar «una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular» a cada paciente sospechoso de covid-19 «en las primeras 24 horas desde el conocimiento de los síntomas». Además, tienen que registrar el número de personas con las que tuvo contacto cada paciente al que se pone en aislamiento desde dos días antes del inicio de esos síntomas.
Estas medidas forman parte de una nueva orden ministerial, a aplicar de inmediato aunque las autonomías tendrán unos días para adaptarse, destinada a «adaptar y reforzar los sistemas de información para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, de manera que pueda realizarse la detección precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad». Por eso se establecen protocolos más específicos en una doble dimensión: por un lado incrementa la información individualizada que se exige de cada paciente y, por otro, se piden datos epidemiológicos agregados «completos y precisos» para conformar un panorama de todas las comunidades de manera «relevante, oportuna, operativa y homogénea».
El documento anexo que deben rellenar los sanitarios, denominado «encuesta para notificación de casos confirmados de covid-19 a nivel estatal», incluye un total de 11 puntos que recogen desde el día en el que paciente notó los primeros síntomas, hasta el ámbito en el que cree que pudo contagiarse, pasando por las pruebas a las que ha sido sometido y el resultado final del caso: alta, alta con seguimiento o fallecimiento. Es ahí donde se incluye el «número de contactos estrechos identificados desde dos días del comienzo de síntomas hasta la fecha de aislamiento del caso», que cobra ahora una importancia crucial a la hora de llevar a cabo el control necesario para evitar que una infección se convierta en un nuevo brote de la enfermedad.
Para ello, las comunidades deben informar del «número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica dedicados a la respuesta de covid-19 en relación al número de casos diarios detectados y a la población de referencia». Es más, tienen que «indicar el personal inicial y el nuevo personal de refuerzo incorporado».
Preguntado ayer por este asunto concreto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló que más que un rastreo, como se denomina en otros países, han optado por la «vigilancia e identificación de contactos estrechos» y tampoco han fijado una cifra exacta de profesionales necesarios, sino ratios en función del impacto que vaya teniendo la epidemia. «Más que poner un objetivo en número de personas por 100.000 habitantes, nosotros nos inclinamos por poner un porcentaje de casos de contagios y contactos sospechosos que se siguen. Y apuntamos al máximo, al 100 %», señaló Illa, quien considera que «se ha hecho un despliegue muy importante» y aunque algunas comunidades han tenido que centrar sus recursos en las atención hospitalaria, otras menos afectadas «han hecho un trabajo brillante, que nos da la seguridad de que tienen equipos muy desplegados de forma capilar». De hecho, en las reuniones bilaterales le aseguraron «que hay los recursos suficientes para hacer este trabajo».
Comunicación a diario
Los datos de los casos sospechosos, tanto en atención primaria como en los hospitales, las autonomías tienen que remitirlos ahora de manera diaria, antes de las doce del mediodía y con la información detallada desde las 00.00 a las 24.00 horas del día anterior. Por contra, otras cifras como las relativas al personal sanitario, en las que se incluyen, por ejemplo, el número de ellos infectados, de baja o ya recuperados, deben enviarlas los martes.
Además, la orden ministerial incide en que «los laboratorios deben estar también al servicio de la salud pública» y que la infección del SARS-CoV-2 es «una enfermedad de declaración obligatoria urgente». De ahí que, al margen de los servicios de microbiología de los hospitales, el resto de laboratorios tienen que remitir también de manera diaria los detalles de las pruebas que realizan y nombrar a un responsable de informar.
