Irene Montero: «Hay que regular el derecho a objetar para que se cumpla el de la mujer a abortar»
SOCIEDAD
La ministra de Igualdad creará un registro de médicos objetores
06 mar 2022 . Actualizado a las 18:41 h.El borrador de la nueva ley del aborto estipula que todos los hospitales públicos tienen que tener al menos un profesional para practicar abortos, por lo que contempla un registro de facultativos objetores como el que ya recoge la ley de la eutanasia. «En los hospitales públicos no se están practicando todas las interrupciones voluntarias del embarazo que deberían hacerse, la inmensa mayoría se practica en centros extrahospitalarios y privados», denuncia en declaraciones a Colpisa la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendiendo la necesidad de hacer compatible un derecho individual y constitucional, como es el derecho a objetar, con el de las mujeres a abortar. En su opinión, esto requiere regular la objeción de conciencia.
Uno de los puntos que más ampollas ha levantado en la oposición de la nueva ley es la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Frente a esto, la ministra Montero defiende que si en España las jóvenes de entre 16 y 18 años pueden decidir por ellas mismas sobre su propia salud, incluso en lo que respecta a intervenciones a vida o muerte, «es más que razonable que puedan decidir la interrupción voluntaria de sus embarazos si es lo que desean». Y cree que de hacerlo, mejor si lo hacen «con todas las garantías». «Cuando se trata de reconocer y avanzar en derechos para las mujeres siempre hay resistencias, ha pasado con todas las leyes feministas», comenta.
La ley trans, parada
Garantizar los derechos LGTBI es otro de los grandes objetivos del Ministerio de Igualdad para esta legislatura, pero su polémica ley trans lleva meses parada, a la espera de los informes del Consejo General del Poder Judicial. «No estoy contenta con los retrasos que sufre sistemáticamente la tramitación de todas las leyes feministas impulsadas en nuestro país, pero esta ley, que ha implicado renuncias en el proceso de negociación para conseguir ese acuerdo, es una buena ley», valora Montero.