Condenan a 28 meses de cárcel a una madre británica de tres hijos por un aborto ilegal

Íñigo Gurruchaga LONDRES / COLPISA

SOCIEDAD

CESAR QUIAN

Diputadas del Parlamento se movilizan ante un caso sentenciado con una ley de 1861

13 jun 2023 . Actualizado a las 12:55 h.

Diputadas conservadoras y laboristas han pedido un debate en el Parlamento, tras la condena a 28 meses de prisión dictada contra una mujer, madre de tres hijos, que utilizó unas pastillas para provocar un aborto, cuando la gestación del feto había rebasado las 24 semanas que establece la ley. La condena se basa en los artículos de una norma de 1861.

El caso, impulsado por la Fiscalía de la Corona, fue analizado este lunes en un tribunal de Stoke-on-Trent. La mujer, de 44 años, había regresado en el 2019 a vivir con su pareja con la preocupación de que tenía un embarazo tras mantener relaciones sexuales con otro hombre. El juez Edward Pepperall reconoció en su sentencia que la acusada vivía un «torbellino de emociones» cuando cometió el delito.

Era el tiempo de los confinamientos por la pandemia y los pacientes mantenían contacto con los médicos a través del teléfono o de internet. Y se enviaban los medicamentos por correo. La madre de tres hijos, uno de ellos con discapacidad mental, pidió las pastillas pretendiendo que el embarazo era de diez semanas o menos, que es el plazo legal para un aborto con pastillas.

Beneficio

A partir de las diez y hasta las 24 semanas, la interrupción del embarazo debe hacerse en una clínica, según la ley de 1967. Tras descubrir que estaba embarazada en diciembre del 2019, y buscar información en internet sobre cómo interrumpir la gestación, logró las pastillas por correo en mayo del 2020. El 11 de ese mes llamó a los servicios de emergencia porque estaba dando a luz. El bebé murió en 45 minutos.

En el curso del procedimiento, la acusada se reconoció culpable de haber incumplido el artículo 58 de la ley de Delitos contra las Personas, introducida en 1861. Estipula que debe ser encarcelada cualquier persona «que suministre u obtenga venenos u otra cosa nociva, o cualquier instrumento o cosa, sabiendo que se utilizará de manera ilegal para lograr una interrupción del embarazo de una mujer».

La conservadora Caroline Nokes, que preside el Comité de Mujeres e Igualdad en la Cámara de los Comunes, ha afirmado a la BBC que los diputados deberían debatir «si podemos basarnos en el siglo XXI en legislación de hace siglos». La laborista Estella Creasy ha señalado que no entiende «a quién beneficia este caso». El Servicio Británico de Asesoramiento sobre Embarazos dice a The Guardian que ha aumentado el número de investigaciones de este tipo en los últimos tres años.