El PSOE se queda solo en su defensa de la ley para perseguir a los proxenetas
SOCIEDAD
El PP da la espalda a los socialistas, repudiados por sus socios habituales
22 may 2024 . Actualizado a las 08:19 h.Ante la negativa anunciada por Sumar y otros grupos de izquierdas, al PSOE solo le quedaba recabar el apoyo del PP a su proposición de ley de reforma del Código Penal para «prohibir el proxenetismo en todas sus formas». Se lo dejaba claro Isabel Pozueta (Bildu): «Solo los votos de la derecha podrían salvar esta propuesta que va contra los derechos de muchas mujeres». Y lo recalcaba Pilar Vallugera (ERC): «Van a pactarlo con la derecha, porque con nosotros no». Pero, como prácticamente todos sabían de antemano, no hubo tal pacto. «Retiren esta proposición de ley y a partir de ahí negociemos una ley integral contra la trata de las personas con fines de explotación sexual», sentenció la diputada del PP Ana Alós, devolviendo el asunto a como estaba el 7 de junio del 2022 cuando la socialista Adriana Lastra defendió en el Congreso por primera vez una proposición casi idéntica.
El PP, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu han votado en contra; Podemos y Vox se han abstenido y tan solo han acompañado al PSOE con sus votos favorables Coalición Canaria, el BNG, UPN y José Luis Ábalos. Han sido 184 votos en contra, frente a 122 a favor y 36 abstenciones.
El PSOE se ha vuelto a quedar prácticamente solo y además rodeado de críticas de «populismo» y «electoralismo» tanto a derechas como a izquierdas por parte de varias diputadas que pidieron abordar el asunto, con un enfoque y alcance mucho más amplio, en la subcomisión del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Únicamente obtuvo un respaldo más o menos decidido de Cristina Valido (Coalición Canaria), que incidió en la necesidad de «acabar con una explotación que en el siglo XXI no debería ser objeto ya de debate».
El entusiasmo de la diputada socialista Andrea Fernández en la defensa de la propuesta se fue apagando hasta torcer el gesto al tiempo que le llovían las críticas, incluso por parte de sus socios de investidura y del propio Ejecutivo. Un Gobierno del que solo estaba presente la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dando así más crédito a quienes denuncian el carácter instrumental de esta propuesta a las puertas de las elecciones europeas.
Fernández insistió en que «la raíz de la prostitución es el machismo, es la violencia contra las mujeres, la prevalencia del varón y la percepción de las mujeres como un bien» y se mostró «profundamente orgullosa» de que traten a su grupo de «punitivista». Argumentó que quieren abolir la prostitución con una cita de derecho romano: «Rex extra commercium», para evidenciar que hay cuestiones como «la gestación subrogada o la venta de órganos» con las que no se puede comerciar. Por eso la diputada, para quien «no existe la prostitución libremente elegida», instó a Podemos y al PP, que habían apoyado en su momento la toma en consideración de la ley, para que fuesen «leales con su palabra».
Esa palabra que pedía Fernández se volvió prácticamente unánime, pero en su contra. Solo se desmarcó algo María Ruiz (Vox). Afirmó que «es evidente que las mujeres del PSOE tienen un grave problema con sus compañeros de partido», ligó la prostitución con la inmigración ilegal y acusó a la exministra Irene Montero y al PP de Almería de «blanquear la pederastia».
Para Martina Velarde (Podemos) hay que «perseguir la explotación sexual y no exclusivamente el lucro» porque así lo pide Naciones Unidas y porque, de no hacerlo, «el efecto que se consigue es el contrario del que se busca». Gala Pin (Sumar), que no entiende como se puede promover este cambio legislativo sin hablar con las prostitutas, incidió en que «las mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen derecho a decidir sobre su vida». Incluso tendrían más opciones de hacerlo si se «derogase la ley de extranjería». Y Joseba Aguirretxea (PNV) dijo que la propuesta del PSOE «corta la cuerda y no pone red», con lo que el castigo a los proxenetas se torna en «abandono absoluto de las personas prostituidas».
Sin embargo, las críticas más contundentes llegaron por parte de Esquerra Republicana y Bildu. La diputada catalana Pilar Valluguera, educadora sexual de profesión, incidió en que «esta es la cuestión que rompe el feminismo por la mitad», cuando debería estar más unido que nunca «ante el avance de la ultraderecha y de la derecha más ultra», sin que los socialistas «tengan ni idea del destrozo que van a causar en el vida de muchas mujeres y sus familias». Mientras que la vasca Isabel Pozueta considera la ley «un despropósito» y una «total irresponsabilidad» con la que el PSOE solo busca «un titular sin importar las consecuencias».