Los donantes en vivo cobrarán el 100 % de incapacidad aun sin haber cotizado
SOCIEDAD
El cambio legal cubre desde las labores preparatorias para ver la compatibilidad el órgano hasta el proceso de recuperación
28 may 2024 . Actualizado a las 21:41 h.El Congreso de los Diputados aprobó este martes por unanimidad un proposición de ley del PSOE para mejorar la protección de las personas que donan órganos en vivo para trasplantes. Personas a las que «no se le retribuyen días de trabajo que tienen que perder», como denunció Cristina Valido (Coalición Canaria), a quien le parece «algo absurdo, pero que ocurre a día de hoy».
Los distintos partidos apoyaron la medida e incluso sacaron pecho por «el modelo que prácticamente todos los países quieren imitar», como dijo Tomás Fernández (Vox). Eso sí, cada uno acomodando el discurso a sus intereses, con el PP poniendo el acento en el papel de las comunidades, Junts destacando los datos de Cataluña y Vox incidiendo en que el sistema de trasplantes funciona porque tiene carácter «nacional».
Esta iniciativa, a la que todavía le queda un largo recorrido político y legal para hacerse realidad, implica la modificación de cinco artículos de la Ley General de la Seguridad Social y de uno del Estatuto de los Trabajadores, además de otros reglamentos de cobertura social que afectan de manera específica a los empleados públicos, los militares, los mutualistas o los funcionarios civiles del Estado o de la Administración de Justicia.
La encargada de defender la proposición, la diputada del PSC María Mercè Perea, incidió en que «dignifica la situación laboral y personal del donante» y en que viene «directamente de la sociedad civil». De hecho, agradeció especialmente la labor de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón y la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que estaban representadas entre el público del hemiciclo. Entidades que, junto con la Organización Nacional de Trasplantes, llevan años reclamando estas medidas.
La baja especial para donantes vivos, tal como explicó Perea, está cimentada en tres pilares básicos. En primer lugar, la situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes, en la que se enmarca esta baja con derecho a prestación, «no exige ningún período previo de cotización». Es decir, no hay un límite mínimo de meses trabajados para acceder a ella. En segundo lugar, «el subsidio equivale al 100 % de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal por contingencias comunes». Y, por último «se articula un permiso retribuido por el tiempo necesario para la asistencia a las sesiones previas para la determinación de la idoneidad». Unas jornadas en las que el donante tiene que acudir a distintas consultas médicas y someterse a infinidad de pruebas y que actualmente pierden él o su empresa sin compensación alguna.
Aunque en general el clima parlamentario fue más que cordial, porque «iniciativas como esta son las que justifican nuestra actividad», como destacó Valido; también hubo espacio para las críticas, sobre todo a cuenta de los plazos.
Ya en el 2017, el PP desde el Gobierno impulsó una medida similar que no llegó a materializar. El PSOE la presentó hace ahora un año, pero decayó con la convocatoria electoral. Por eso Maribel Vaquero (PNV), para quien «no se entiende que se haya regulado con anterioridad», pidió «acabar con el día de la marmota» y Pilar Calvo (Junts) solicitó que, pasadas las elecciones del 9 de junio, «no quede en un cajón durante meses», porque a los donantes no se les puede «recompensar económicamente», pero sí «reconocer desde los derechos y las prestaciones sociales», por ejemplo con una baja similar a las de maternidad.
Al margen del avance logrado, quedan flecos, como puso de manifiesto Rafael Cofiño (Sumar) en relación con «las personas en situación de desempleo, los trabajadores por cuenta propia o los autónomos», que tratarán de hilvanar durante la tramitación legislativa.
Pese al ambiente de armonía del debate, también hubo algunas pullas, como las de Antonio Cavacasillas (PP) para quien el hecho de que el PSOE presente una propuesta sobre una competencia de Sumar (Derechos Sociales) implica una intención de «marcar la agenda de su socio de Gobierno» y al mismo tiempo evidencia la «desconfianza absoluta en las políticas de Sumar y del Ministerio de Sanidad».
En cualquier caso, el espacio para la discordia fue mínimo porque en general todos estaban rendidos al altruismo de los donantes porque «¿qué más se puede dar que parte de uno mismo para que otras personas puedan vivir?», como quiso poner de manifiesto Mercè Perea.