Igualdad prepara una reforma legal para que las terapias de conversión LGTBI sean delito
SOCIEDAD
El ministerio estudia multar a siete diócesis por permitir este tipo de prácticas prohibidas
22 ene 2025 . Actualizado a las 18:28 h.El Ministerio de Igualdad está estudiando la posibilidad de dar un paso más en la defensa de los derechos de los gais, lesbianas, bisexuales y trans y promover una reforma del Código Penal para que las llamadas terapias de conversión sexual pasen a ser un delito. En la actualidad, estas prácticas, que pretenden que los diferentes colectivos LGTBI cambien o silencien su identidad u orientación sexual, están prohibidas en España y constituyen una infracción administrativa castigada con fuertes multas.
Igualdad ha dado a conocer su proyecto legislativo horas después de que la titular de la cartera, Ana Redondo, haya mantenido una reunión de algo más de una hora con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la que le ha transmitido, entre otros temas, su preocupación porque en algunas iglesias y centros católicos españoles se puedan estar produciendo reuniones en las que se promueven estas prácticas prohibidas.
El ministerio, de hecho, abrió hace una semana un expediente sancionador para averiguar si es cierta la denuncia de una asociación que mantiene que en al menos siete diócesis españolas se están promoviendo e impartiendo charlas, cursos y talleres de las llamadas terapias de conversión sexual. La Asociación Española contra las Terapias de Conversión denunció ante Igualdad que en parroquias de las diócesis de Alcalá, Getafe, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Valencia y Málaga se convocan y acogen charlas para animar a fieles LGTBI a entrar en cursos o talleres con este objetivo ilícito.
La denuncia reproduce parte del contenido de alguna de estas reuniones y mantiene que que los intervinientes animan a los homosexuales o bisexuales a participar en estas terapias que tienen como objetivo declarado conducirles a que renuncien a su actual identidad y formen una familia heterosexual o que, cuando menos, si no son capaces de cambiar de orientación, abracen la abstinencia sexual y la castidad.
Portavoces de la práctica totalidad de estas siete diócesis denunciadas han negado en días pasados que promuevan este tipo de actividades, que dicen rechazar, en los centros religiosos de su territorio. Monseñor Argüello, tras la reunión mantenida este miércoles con Redondo, hizo una valoración general similar, pues dijo no apoyar las terapias de conversión, que explicó no están en el ámbito de la acción pastoral de la Iglesia española, pero también añadió algunas matizaciones que dan a entender que Redondo y él no piensan en lo mismo cuando hablan de sus posiciones en este asunto.
El portavoz de la Iglesia en España, de hecho, declaró que según le han explicado los propios promotores de las charlas del proyecto Transformados, que son justamente las actividades presuntamente ilícitas que han sido denunciadas ante Igualdad, solo «invitan a la conversión a Cristo y a la propuesta de vida que surge del Evangelio y que se ofrece a todas las personas».
Proscritas por la ley trans
La ley de igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley trans y aprobada en el 2023, prohibió por primera vez en España, en su artículo 17, «la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal».
No solo las prohíbe totalmente sino que prevé sanciones muy duras para quien las promueva o realice. La norma considera infracciones muy graves, sancionadas con multas de 10.001 a 150.000 euros, la promoción o práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento con la finalidad de modificar la orientación sexual, identidad de género o características sexuales de los ciudadanos.