Competencia asumirá «en semanas» la supervisión de las plataformas digitales
SOCIEDAD
El Gobierno rechaza el anonimato y responsabiliza a directivos y algoritmos
13 feb 2025 . Actualizado a las 20:05 h.«Nadie aceptaría que un avión despegara sin cumplir con los más estrictos estándares de seguridad, o que un medicamento pudiera venderse sin antes someterse a pruebas rigurosas. Y, sin embargo, hemos dejado, inexplicablemente, que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños», aseguró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del Observatorio de Derechos Digitales, donde dejó varios eslóganes, como el de que no podemos permitir que el espacio digital se convierta en «el salvaje oeste».
La tarea se antoja hercúlea, porque hoy por hoy los gigantes de internet demuestran a diario que superan ampliamente las capacidades de los Estados. En el intento de llevarla a cabo, Sánchez anunció que «en las próximas semanas» se va a designar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinadora de servicios digitales con capacidad para ejercer la supervisión de las plataformas. Es más, aseguró que se le dotará de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo este trabajo, aunque sin detallar cuáles serán esos recursos.
Sánchez volvió a insistir en el discurso exhibido en el Foro Económico Mundial de Davos, fiando el grueso de las medidas efectivas a la regulación aprobada a nivel de la Unión Europea y la promoción de instrumentos propios: «No podemos permitir que nuestros datos, nuestras infraestructuras, que nuestras comunicaciones queden en manos de potencias extranjeras», razonó. A su juicio hay tres campos fundamentales en los que actuar para proteger a la ciudadanía y retomar el control de las plataformas. El primero pasa por acabar con el anonimato en las redes sociales, porque, si los movimientos en línea han permitido iniciativas como el Me Too [contra el acoso y la agresión sexual] o el Fridays for Future [contra el cambio climático], las propias plataformas han provocado que el terreno de juego sea «mucho más injusto» y en muchos casos responda a planes diseñados «por potencias extranjeras, como Rusia». En segundo lugar, Sánchez dice que, frente a los que promueven «la desregulación absoluta para la tecnocasta», España defiende que los directivos de estas empresas tengan que responder por no poner coto a los desmanes —incluso de carácter delictivo— cometidos al abrigo de estas compañías de facturaciones milmillonarias. Por último, el Ejecutivo también pretende profundizar en la transparencia de los algoritmos, y que la moderación sea un requisito indispensable para que las redes sociales sigan funcionando en Europa.
«Creo que la fe en la tecnología y sus promesas nos ha cegado ante sus peores consecuencias», incidió el presidente del Gobierno en un acto en el que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, afirmó: «Frente al negacionismo, la ciencia; frente al bulo, la verdad; y frente al caos tecnocrático, derechos digitales».
Nueve millones y 177 entidades
El Observatorio de Derechos Digitales cuenta con un presupuesto de nueve millones de euros e involucra a un total de 177 entidades y 280 especialistas. Forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se articula con la colaboración público-privada de Red.es y la Fundación Hermes.
¿Puede luchar España contra las «fake news»?
Carlos Tomé
Es cierto que la desinformación constituye una de las mayores preocupaciones de los países democráticos de nuestro entorno, dado que las noticias falsas o fake news se están convirtiendo en estrategias para manipular la opinión pública y erosionar la estabilidad de los Estados y de sus instituciones, constituyendo una amenaza global para la libertad y para la democracia.
Y, como una de las prioridades del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que se designará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como supervisora de las plataformas digitales, y se establecerá una normativa para regular la responsabilidad legal de lo que se publique en redes sociales. Además, se reforzarán los medios personales y materiales del Centro para la Transparencia Algorítmica, sito en Sevilla y que depende de la Comisión Europea.
Pero ¿no existen mecanismos para esto? Recordemos que ya en el 2019 se creó en la Unión Europea el Sistema de Alerta Rápida (RAS), con puntos de contacto nacionales para advertir de modo instantáneo sobre campañas de desinformación y para intercambio de información entre los Estados miembros y la Unión. Y en España ya existe la Comisión Permanente contra la Desinformación como grupo de trabajo interministerial para asegurar la coordinación entre ministerios en el ámbito de la desinformación, que depende de la Secretaría de Estado de Comunicación y está dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional. ¿De qué manera cambiará el escenario la medida anunciada por Pedro Sánchez?
El desafío de la lucha contra la desinformación no solo radica en establecer mecanismos de supervisión, ya que regular el contenido en plataformas digitales plantea un debate complejo sobre quién y cómo se decide qué es información veraz y qué no lo es. Además, el éxito de estas iniciativas dependerá de la colaboración entre los Gobiernos, las empresas tecnológicas y la sociedad civil, promoviendo la alfabetización mediática para que los ciudadanos puedan identificar y resistir la manipulación informativa. Sin una ciudadanía informada y crítica, cualquier medida regulatoria será insuficiente frente al poder de las fake news. En países democráticos como el nuestro no podemos limitamos a bloquear las plataformas de redes sociales que no nos interesan, por lo que será difícil ponerle puertas al campo digital.
Carlos Tomé Santiago es abogado y socio de Caruncho y Tomé Abogados, y asesor de empresas.