El Gobierno pone a disposición de las Autonomías 42 millones para que los niños que precisan atención temprana la reciban en 45 días como máximo
SOCIEDAD
El plan financia mecanismos de detección precoz como el cribado de todos los bebés, con revisiones a los 3, 12 y 24 meses en centros de salud.
17 jun 2025 . Actualizado a las 18:15 h.El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto a disposición de las Autonomías un fondo de 42 millones de euros para empezar a ejecutar el acuerdo nacional de mejora de la atención temprana a los niños de cero a seis años con trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlos,. El plan tiene como compromiso clave rebajar en todo el país a un máximo de 45 días el tiempo de espera entre el diagnóstico y el inicio de las terapias que deben mejorar la vida del menor. Así lo indicó hoy el ministro Pablo Bustinduy en el acto «Atención temprana, un consenso de país»,dirigido a profesionales del sector y a familias afectadas, en el que, junto a la copromotora del acuerdo, la Ministra de Sanidad, Mónica García, debatió cómo llevar a la práctica el pacto sellado con todas las Administraciones españolas.
El acuerdo nacional cerrado en enero por el Gobierno y las Autonomías garantiza que todos los niños españoles con necesidades de atención temprana deben recibir de forma obligatoria una asistencia especializada, gratuita, rápida y de calidad, vivan donde vivan. Es el primer acuerdo que establece unas obligaciones, unos servicios y unos estándares de calidad mínimos para esta tarea, que, además, serán exigibles en cualquier punto del país. El plan debe quedar completamente ejecutado en el segundo lustro de esta década y tendrá como beneficiarios a los niños de cero a seis años con necesidad de atención temprana, que en la actualidad son algo más de 130.000, sobre el 5,4 % de los menores españoles de esta franja de edad.
El acuerdo cuenta con nueve líneas principales de actuación y 36 estándares de calidad, y entre sus obligaciones fundamentales están la mejora de los procedimientos para la detección temprana de los trastornos del desarrollo y el compromiso de que todos los niños a los que los médicos hayan diagnosticado la necesidad de estas ayudas o de terapias públicas las recibirán en un tiempo máximo de 45 días, que hoy en día, en algunos territorios, son meses o años.
Bustinduy destacó que reducir los tiempos de espera en atención temprana a estos menores es uno de los objetivos fundamentales de este «consenso de país», porque es vital para prevenir situaciones agravadas de discapacidad o de dependencia, así como para mejorar su calidad de vida. Explicó que la actuación rápida es especialmente necesaria en la franja de edad de cero a seis años, por ser una etapa que, según apuntan las evidencias científicas, es crucial para sentar las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social. También resulta preciso actuar rápido, añadió, para facilitar la inclusión social de los niños que requieren este tipo de atención y potenciar sus capacidades, su autonomía y el libre desarrollo de su personalidad.
Mejor coordinación
Gracias a estos fondos, además del acortamiento de las listas de espera, se podrán poner en marcha iniciativas como la creación de historias clínicas digitales para cada niño que podrán compartirse (con acceso controlado) entre los servicios de pediatría, educación infantil y atención temprana o la elaboración junto a las familias de planes y talleres de intervención individualizados para los menores que los demanden. Las autonomías también podrán solicitar fondos para mejorar la detección precoz, con medidas como capacitar a pediatras y a maestros de educación infantil en la identificación de las señales de alarma y en protocolos de derivación rápida o la realización de cribados en busca de chicos con estas necesidades en todos los centros de salud mediante revisiones a los seis, doce y veinticuatro meses.
Estos 42 millones de euros servirán, de igual forma, para desarrollar una base de datos centralizada con registro de todos los casos atendidos, su evolución y los recursos utilizados; para digitalizar los informes de evaluación y seguimiento (para que sean accesibles a familias y a profesionales autorizados); y para elaborar informes integrados en los ámbitos social, familiar, médico y educativo. El plan también recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral sobre el niño y adaptar todos los procedimientos a la realidad y ritmos de cada pequeño y de su familia, además de apostar por actuar en los entornos naturales de los menores, como el hogar o el parque.