El periódico del lunes nos permitía acercarnos a dos temas de importancia en la economía gallega. Uno de ida, las tierras y sus desconocidos propietarios. Y otro de vuelta, la minería, donde Galicia, las empresas y sus gobiernos no aciertan.
En Galicia la propiedad de la tierra es uno de los grandes secretos que aumentan con el paso de los años y las pérdidas de población rural o periurbana. El reportaje de María Cedrón nos acerca a políticas agrarias que, pese a incendios y demografía, permiten mejorar la productividad y la vida en la Galicia rural. Aquel Banco de Tierras, nacido en tiempos del conselleiro Suárez Canal, empieza a rendir los frutos puestos en valor ahora por la Ley de Recuperación de Tierras Agrarias del 2021.
Porque la concentración parcelaria iniciada en España en los años 50 no logró detener el deterioro progresivo de la Galicia rural, ni dar soporte a las necesidades de una agricultura moderna. Galicia, en 1959, tenía casi un millón de propietarios de tierras rústicas, con algo menos de 15 parcelas por propietario y una media de 1.700 metros cuadrados por parcela.
Hoy no sorprende que, cuando la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural necesita localizar a los propietarios de esa tierra, se encuentre que del 10 % previsto el Banco de Tierras detecte hasta un 30 % o más de parcelas sin propietario conocido. Tarea para tiempo y dedicación en nuestra Administración pública. O capacidad legislativa creativa para resolverla. La asignatura pendiente de ordenar el territorio.
En la vuelta, la minería. Galicia históricamente tuvo graves problemas empresariales y de gestión, «bien por la desconfianza que inspira a los ‘naturales del país' los asuntos mineros», que señalaba Ramón Cueto en la Estadística Minera de A Coruña en 1920; bien por lo analizado sobre la minería del estaño —estaba ya A Penouta— y la de un wólfram incipiente, por Eugenio Labarta en el Boletín Oficial de Minas del mismo año: «Tales empresas (las más de ellas extranjeras) parecían poseídas de un desaforado empeño de hacer las cosas en grande (…) dando con ello asidero a la sospecha (…) de que, en el fondo, se reducía todo a una mera especulación bursátil, al propósito de colocar papel en el mercado de valores».
Lejos de esos análisis, los continuos cambios de propiedad y la transferencia de concesiones mineras, con intereses canadienses, australianos o ingleses, mantienen un pobre y errático desarrollo minero en la Galicia de hoy. Donde se enredan tales intereses, la Administración gallega y los tribunales de justicia. Como la anulación de la mina de feldespato en Silán (Muras) contada por María Guntín, con una sentencia de asombro. De nuevo la evaluación ambiental y la Xunta, caducidad de la concesión a mayores. Con tal Administración no hay minería posible. Y allá van A Penouta o San Finx, a la espera del litio de Alberta II y Carlota, desde Soutelo hacia el Avia, el Arnoia y el Miño. La Galicia bifronte, también en sus administraciones.