Trabajo sanciona con 850.000 euros a las empresas que explotaban a trabajadores extranjeros en Begonte
AGRICULTURA
Inspección ratifica la versión de la Guardia Civil, que sostenía que una ETT sevillana había enviado a casi 80 empleados sin papeles
23 abr 2025 . Actualizado a las 13:14 h.El caso de la red de empresas que explotaba a más de 80 inmigrantes en una plantación de arándanos del municipio de Begonte (Lugo) sigue dejando un reguero de consecuencias. Inspección de Trabajo acaba de sancionar a dos sociedades implicadas en la llamada operación «Anavia» con 850.000 euros por haber puesto a trabajar a hasta 82 inmigrantes sin papeles en esta explotación, ubicada en la parroquia de Baamonde.
El Ministerio añade así un capítulo más a una investigación que destapó una trama que evidencia los abusos a los que se ven sometidos en ocasiones trabajadores precarios en el sector primario. La Guardia Civil, en un operativo realizado el pasado mes de agosto, descubrió que 82 de los 92 trabajadores de la explotación eran inmigrantes en situación irregular, quienes recogían arándanos en condiciones extremadamente precarias y habían sido reclutados desde África. La trama fue destapada el pasado mes de enero.
Trabajo defiende ahora la misma tesis que la Benemérita, haciendo hincapié en que la empresa que reclutó a los inmigrantes, una ETT radicada en Sevilla, los envió a Lugo a trabajar sabiendo que no tenían los papeles en regla y que trabajarían en situación ilegal. Los empleados desempeñaban su labor en una plantación de arándanos, una de las mayores explotaciones agrícolas de la provincia de Lugo. Durante la inspección en la finca, las autoridades identificaron a 92 trabajadores, de los cuales 82 eran inmigrantes sin permiso de residencia ni autorización para trabajar en España.
El caso comenzó tras el chivatazo de una residente en el municipio coruñés de Ordes. Allí malvivían gran parte de estos inmigrantes, hacinados en un prostíbulo abandonado sin agua corriente y unas condiciones pésimas de higiene. Un camionero senegalés que pasó por delante del edificio paró a interesarse por ellos y notificó al Concello y a una oenegé, lo que activó los mecanismos que llevaron a la apertura del procedimiento. Efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Ordes y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de A Coruña se desplazaron al lugar para investigar la situación, que sigue hoy dejando consecuencias.
Trabajo, a preguntas de La Voz, no ha querido desvelar qué dos empresas han sido las sancionadas, aunque se supone que una de ellas es esta ETT sevillana, que enviaba a los empleados desde Granada y otros puntos de España.
Como resultado de las pesquisas, tres personas vinculadas a las empresas implicadas fueron investigadas como presuntas responsables del delito contra los derechos de los trabajadores. Las diligencias judiciales fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vilalba, que ejerce la jurisdicción sobre la zona en la que se encuentra la finca.