Más de 1,5 millones de personas exigen la abolición de la Ley Duplomb, que reduce la carga regulatoria de los agricultores Madrid
23 jul 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Muchos empresarios europeos consideran que la hiperregulación de la Unión Europea lastra su competitividad en el mundo globalizado. El sector agrícola, por ejemplo, critica que las políticas medioambientales y laborales impiden competir con alimentos producidos bajo leyes mucho más laxas fuera de la UE. Los agricultores franceses se cuentan entre quienes más protestan por esta razón y, para evitar manifestaciones como las registradas durante el último año, el pasado día 8 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Duplomb, que, entre las medidas que adopta para relajar las normativas, permite que se vuelva a utilizar la acetamiprida, un pesticida del que echan mano sobre todo quienes cultivan avellana y remolacha.
Aunque muchos agricultores galos aplauden la iniciativa, la respuesta popular ha sido contundente: más de millón y medio de personas han firmado una petición online para exigir que la ley no entre en vigor. La autora de la campaña es una joven estudiante de 23 años llamada Eléonore Pattery. «La Ley Duplomb es una aberración científica, ética, medioambiental y sanitaria. Representa un ataque frontal contra la salud pública, la biodiversidad, las políticas climáticas coherentes, la seguridad alimentaria y el sentido común», argumenta, sentenciando que la ley supone un peligro «para la humanidad en su conjunto».
«La ley matará gente» No es la única que piensa así. La científica Audrey-Flore Ngomsik va más allá y sentencia que esta ley matará gente. «No lo hará de forma inmediata, ni dramática, pero lenta y metódicamente, a través del cáncer, de daños neurológicos y de problemas reproductivos». Porque se ha demostrado en diferentes estudios que la acetamiprida, perteneciente a la familia de los neonicotinoides _insecticidas sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos_, no solo mata abejas, sino que también puede provocar daños en el cuerpo humano. Precisamente por eso Francia la prohibió en el 2018, aunque en el resto de la UE aún es legal. «Somos lo que comemos, ¿y qué quieren que comamos? Veneno», denuncia Pattery.
Ninguna otra petición al Parlamento ha logrado recabar tantas adhesiones. Al haber superado ampliamente el medio millón, la pelota está ahora en el tejado de los políticos, que pueden abrir un debate político al respecto. Según marca el artículo 10 de la Constitución francesa, debería hacerlo el presidente Emmanuel Macron. La duda es si esto es suficiente como para abolir una ley. Los partidos de izquierda abogan por ello, pero la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun Privet, sostiene que «no se puede modificar un texto que se ha aprobado».