El Gobierno y las comunidades unen fuerzas frente a la propuesta de Bruselas que, como advierten las autonomías, recorta fondos y promueve las desigualdades entre territorios
16 sep 2025 . Actualizado a las 10:20 h.La postura de España sobre la propuesta de la Comisión Europa sobre el diseño y los presupuestos para la futura política agraria común (PAC) es clara. Y unánime. Y va en línea con el informe aprobado hace unos días por el Parlamento europeo en el que decía que era necesario contar con mayor presupuesto, rebajar la burocracia a la hora de solicitar las ayudas o aumentar los baremos que han de cumplir los terceros países que quieran exportar sus productos a países de la UE. Es lo que demostraron los consejeros de las distintas comunidades después del encuentro mantenido con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para preparar el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que se celebrará los días 22 y 23 en Bruselas para abordar la propuesta de Bruselas para el presupuesto 2028-2034. Porque todos, como había pedido Planas antes del encuentro, fueron unánimes al mostrar su rechazo al proyecto.
Desde Galicia, la titular de Medio Rural, María José Gómez, volvió a repetir lo que ya había manifestado antes. En línea con la opinión del sector y como también explicó el viernes en la Comisión de Agricultura del Parlamento gallego, el director xeral para la PAC, Juan José Cerviño, la aprobación de la propuesta del Ejecutivo comunitario tal y como está supondría un grave perjuicio para los agricultores y ganaderos gallegos, De hecho, la conselleira indicó que «supón o desmantelamento do modelo actual da política agraria europea, baseado en dous piares con dous fondos diferenciados e que permite asegurar a renda dos agricultores e, ao tempo, fomentar o desenvolvemento rural. A Xunta». Y como ya dijo Cerviño «esta nova PAC non é nin política, nin agraria, nin común. Isto, porque pasaría a ser un programa, non será agraria porque competirá pola financiación con outras políticas da Unión e porque cada país poderá decidir que sectores primar e con que nivel de co-financiamento, incrementándose así as diferencias entre territorios».
Pero además, según Efe, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón, Javier Rincón, destacó que fue a la reunión con una «actitud positiva» para «defender una postura conjunta» de España frente a la PAC que no pase por un «sobre único» y que «mantenga unos fondos específicos» para los pilares de pagos directos y desarrollo rural. También mostró su acuerdo con el informe que aprobó por mayoría el Parlamento Europeo la semana pasada sobre la agricultura, favorable a eliminar la burocracia en la petición de ayudas y a una mayor exigencia de requisitos a las importaciones de países terceros.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez, aseguró que el MAPA «no debe caer en esa trampa» de la organización de los fondos de la PAC que se plantea: «No tiene sentido ninguno que solo los comisarios de Hacienda decidan el paquete económico».
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del País Vasco, Amaia Barreda, mostró su «preocupación» por el marco financiero comunitario en relación a las políticas agrarias comunes, ya que de la propuesta no se conoce «ni la cuantía ni la distribución de las diferentes líneas de acción». Además, el desarrollo de la futura PAC en España tiene que «tener en cuenta la diversidad de las agricultura en Murcia, en Euskadi o en Galicia», añadió.
Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente de La Rioja, Noemí Manzanos, fue al al Ministerio con «la línea roja del presupuesto de la PAC en el marco financiero plurianual» de la UE, «que debe ser como mínimo» el actual. A su juicio, «España no puede consentir que disminuya ese presupuesto plurianual» para el campo y ha pedido que se tengan en cuenta todos los sectores, sobre todo el vino.
«Nos reunimos hoy no para perfilar, sino para rechazar de plano una propuesta que va en contra de la agricultura a la que se le pretenden drenar, reducir, un 23 % de los recursos y singularmente contra la agricultura valenciana», aseguró el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca valenciano, Miguel Barrachina. Según Barrachina, la propuesta financiera de Bruselas haría perder a la Comunidad Valenciana unos 52 millones de euros, por lo que 28.000 agricultores «dejarían de estar atendidos», entre ellos 24.000 jubilados.
En la misma línea, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, advertió de que, con la propuesta, «la política agraria deja de ser común» y va a haber «desigualdades», por lo que España debe mantener un «rechazo frontal» con la «unidad» de las autonomías. Asimismo, Extremadura ha pedido a Planas que active el mecanismo de crisis ante la situación «muy complicada» que afronta la ganadería por la lengua azul.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, también rechazó la propuesta de la PAC y ha manifestado que la reunión de este lunes debería haberse celebrado «antes del verano». En esa propuesta, los agricultores quedan al «albur» de la voluntad de cada uno de los Estados miembros en la medida que quieran respaldar los fondos, ha anotado Fernández-Pachecho, a la vez que ha recordado que Andalucía es el primer perceptor de ayudas de la PAC en España.