Bruselas propone otro nuevo retraso de un año en la aplicación de la ley que prohibe importar madera o café de áreas deforestadas
FORESTAL
El consumo de la UE representa alrededor del 10% de la deforestación mundial, más de dos tercios del cual se deben al consumo de palma y de soja
23 sep 2025 . Actualizado a las 15:11 h.La Comisión Europea parece continuar frenando sus objetivos verdes. Un indicio lo ha dado este martes al proponer retrasar un año más, hasta diciembre del 2026, la aplicación del Reglamento Europeo de Deforestación. En vigor desde el 29 de junio del 2023, impone un veto a la comercialización dentro de la UE de productos como el cacao, el café, el aceite de palma, la madera.... procedentes de lugares que con posterioridad al 31 de diciembre del 2020 hayan talado o dañado bosques para su cultivo o producción de esas materias primas, pero por ahora no ha comenzado a aplicarse.
La primera vez que el Ejecutivo comunitario pidió retrasarla un año fue en el 2024, un cambio que fue ratificado por el Parlamento europeo en noviembre de ese mismo año, prácticamente in extremis dado que la ley tenía que comenzar a ejecutarse el 30 de diciembre de aquel año. Pero entonces según lo votado por el pleno, los grandes operadores tendrán que respetar las obligaciones derivadas del presente reglamento a partir del 30 de diciembre del 2025, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán hasta el 30 de junio del 2026.
Este martes la Comisión Europea ha propuesto un nuevo retraso de un año. Al menos es lo que ha confirmado en una rueda de prensa recogida por Europa Press, el portavoz comunitario Olof Gill, quien ha precisado que una de las principales razones de Bruselas para retrasar la aplicación de esta norma es la de «evitar la incertidumbre de las autoridades y las dificultades operativas».
«Aunque nuestros esfuerzos de simplificación han sido considerables, hemos llegado a la conclusión de que no podemos cumplir el plazo original sin causar perturbaciones en nuestras empresas y cadenas de suministro. En particular, tenemos serias preocupaciones en cuanto a la capacidad del sistema informático, dada la carga prevista», ha explicado Gill.
Además, ha añadido que, en el caso de las empresas, esta moratoria «permitirá remediar los riesgos identificados, incluido el diseño del sistema informático en términos de la capacidad necesaria».
Bruselas pretende abordar así la preocupación de los socios internacionales por la complejidad para cumplir a tiempo con el nuevo marco legal comunitario.
RECLAMACIONES DE LAS CAPITALES Y LA EUROCÁMARA
De hecho, el pasado 9 de julio los ministros de Agricultura de 18 Estados miembro enviaron una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que pedían relajar algunas de las disposiciones de la nueva normativa, alegando su complejidad y carga burocrática, y en la que sugerían también un nuevo aplazamiento. La carta, impulsada por Luxemburgo, está firmada por los ministros de Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.
También el mismo 9 de julio el pleno del Parlamento Europeo aprobó también una objeción impulsada por el Partido Popular Europeo (PPE) en la que instaba a la Comisión Europea a reconsiderar la introducción de una categoría de países «sin riesgo», una categoría aprobada el año pasado, a los que aplicar de forma más laxa esta nueva norma.
La organzación de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima, según los datos que maneja el Parlamento europeo, que entre el 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque —una superficie mayor que la de la UE— debido a la deforestación. El consumo de la UE representa alrededor del 10% de la deforestación mundial, más de dos tercios del cual se deben al consumo de aceite de palma y de soja.