Galicia, entre las comunidades que más apoyan las medidas de prevención de ataques del lobo

Galicia está entre las comunidades mejor valoradas a la hora de evaluar su apoyo a la puesta en marcha de medidas de prevención enfocadas a garantizar la convivencia armónica entre el lobo y la ganadería. Es lo que indica un informe sobre las políticas de conservación del lobo llevadas a cabo por las distintas comunidades autónomas presentado por la organización ecologista WWF, en el que se destaca su programa de financiación para la «contratación de personas cuidadoras de ganado, el asesoramiento y apoyo que se ofrece al sector sobre las medidas preventivas, o el hecho de que quienes adoptan estas medidas cobran un 10% más de indemnización en caso de ataque». Porque como explica el responsable del departamento de Conservación en WWF, Luis Suárez, «no es justo que a un ganadero no se le paguen los años, pero hay que premiar al que está haciendo el esfuerzo de adoptar medidas preventivas para tratar de frenarlos». 

De todas formas, el documento dice también que los «fondos disponibles en el Marco de Acción Prioritaria de la Red Natura 2000 no son suficientes, considerando la población de lobo de la región y el tamaño de su cabaña ganadera». Este año el Gobierno gallego ha habilitado una partida de 2,06 millones de euros para prevención de ataques de lobo, jabalí y de oso. En este caso las ayudas cubrirán desde la compra de perros protectores y cercados electrificados hasta la contratación de pastores. Esta última medida se puso en marcha en el 2023 y a través de ella los ganaderos podrán obtener unas subvenciones de hasta 18.000 euros y la posibilidad de pedir unos anticipos del 50%.

El último censo disponible, elaborado entre los años 2021 y 2022, estima que en Galicia hay 93 manadas, tres más que las detectadas en el censo anterior, confeccionado entre los años 2013 y 2015. La población, según los datos que maneja la Consellería de Medio Ambiente, se ha estancado, aunque su presencia se ha extendido «al 91% do territorio».

El informe del colectivo ecologista también evalúa el paquete que las distintas comunidades dedican a compensar los daños provocados por el cánido. En el caso de Galicia, WWF «considera que el seguimiento de los daños que se realiza permite determinar de manera adecuada su intensidad y distribución en la región, aunque el plazo para efectuar los pagos debería ser menor». Al mismo tiempo, añade que «la administración gallega paga una cantidad extra como lucro cesante y costes añadidos, y además es la única comunidad que dispone de comisiones técnicas provinciales de valoración de daños para una gestión transparente». En este sentido, Luis Suárez apunta que el plazo para cobrar las ayudas no debería ir más allá de los tres meses, al tiempo que valora la puesta en marcha de esas reuniones de evaluación de daños porque es «hace que se involucre al sector, evita la picaresca y da más confianza a la hora de entender las acciones que se llevan a cabo».

Desde el año 2020, según los datos que maneja Medio Ambiente, se han destinado 4.162.664 euros a indemnizaciones por ataques de lobo. Solo para el 2025 el presupuesto es de 911.268 euros, más del doble de lo que se dedicaba hace cinco años, en el 2020.

Otro de los aspectos que evalúa el informe de WWF es la planificación y conservación de la especie que se realiza desde la administración autonómica. Ahí dice que en el campo de la planificación se «ha valorado positivamente el tipo de metodología y proceso seguido para el análisis poblacional del lobo». Pero añade que «hay un largo camino por recorrer en la respuesta legal contra el furtivismo ya que, aunque cuenta con medios especializados, no se han encontrado sentencias condenatorias o resoluciones administrativas a los casos denunciados». Además esde WWF creen que «Galicia debería actualizar su Plan de Gestión de la especie y adaptarlo al nuevo marco legal».

El informe fue presentado el mismo día en el que entra en vigor la propuesta de la UE adoptada por el Comité del Convenio de Berna para modificar el estatuto de protección del lobo (Canis lupus), que pasará de ser «especie de fauna estrictamente protegida», el listado se recoge en el apéndice II de documento, a «especie de fauna protegida», las que aparecen en el apéndice III. Y lo hace días después que la Consellería do Medio Ambiente haya vuelto a remitir al Ministerio la documentación requerida para demandar de nuevo que se revise el nivel de protección del lobo al norte del río Duero.

Desde Cantabria también han enviado a ese ministerio el correspondiente informe para tratar de justificar una intervención de control del lobo en la Sierra de El Caballar y en la costa occidental de la comunidad autónoma. El documento, según Efe, dice que la Dirección General de Montes justifica que «no existe alternativa satisfactoria al control poblacional de la especie en ambas zonas», dado que «la dispersión de ejemplares jóvenes en dirección norte, hacia sectores con apenas ganadería extensiva y menor disponibilidad de presas silvestres, traerá consigo nuevos y aún más graves conflictos de gestión». Ahora el Ministerio dispone de un plazo de 10 días para informar sobre cómo afectarían esos controles al estado de conservación del lobo en el ámbito estatal.

Desde WWF, Luis Suárez entiende que la solución a los ataques de los lobos pasan por la prevención, no por matar lobos porque «salvo que se acabe con el 60 o el 70% de las poblaciones, los ataques no cesarán». No quiere decir con eso, añade, que en un momento dado, de forma muy puntual y cuando quedé perfectamente probado que las medidas de prevención adoptadas no surten efecto de modo reiterado pueda realizarse una extracción muy puntual. Frente a esto uno de los argumentos que utilizan los ganaderos en Galicia para justificar la intervención es que, la geografía de la comunidad, no permite muchas veces la instalación de las medidas preventivas que requiere la norma para poder realizar este tipo de actuaciones. 

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