Solicitan también al juzgado que estos dos directivos de Pescanova y otros cuatro que les apoyan sean retirados de sus cargos
02 jul 2013 . Actualizado a las 21:45 h.El grupo de nueve accionistas de Pescanova a los que la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella criminal contra el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, y el exconsejero delegado Alfonso Paz-Andrade han solicitado al juez que «de forma inmediata» les aparte de sus cargos y les imponga una fianza solidaria de 677.300 euros.
Los accionistas ven necesaria una fianza «en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades civiles pecuniarias que deriven del proceso» dada la imputación de Sousa y Paz-Andrade, según argumentan en el escrito presentado al Juzgado este martes.
Además, piden al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que decrete el embargo «de los bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades en caso de que no prestaren fianza».
Daños y perjuicios
El importe de la fianza solidaria deriva de sumar intereses y costas al importe de 391.795,54 euros al que, según los accionistas, actualmente asciende la cantidad evaluada hasta el momento como daños y perjuicios causados por Sousa y Paz-Andrade.
En su solicitud al Juzgado, los accionistas de Pescanova también piden que se requiera a los dos imputados para que «en un plazo máximo de diez días aporten certificados originales expedidos por las entidades donde tengan depositados los títulos que acrediten detalladamente el número de acciones que actualmente poseen de Pescanova».
Estos accionistas estiman que este «importante dato no se conoce a ciencia cierta» y, según argumentan, «no es posible conceder crédito alguno a las meras manifestaciones de los imputados».
«Pasean tranquilamente por la empresa»
En su escrito, los querellados indican que «a pesar de la notoria gravedad de los hechos acaecidos en Pescanova, que todavía no han podido cuantificarse con exactitud», los imputados Manuel Fernández de Sousa y Alfonso Paz-Andrade no sólo continúan en sus cargos en el consejo de administración, sino que incluso «se pasean tranquilamente por la empresa».
En su opinión, se trata de una «esperpéntica» situación que produce «desazón», por lo que reclaman que «de forma inmediata» estos dos directivos, y los otros cuatro miembros de consejo que, según aseguran, «les apoyan, sean removidos de sus cargos sin esperar a ninguna resolución del Juzgado de lo Mercantil».
Los otros cuatro miembros para los que piden la destitución son Pablo Javier Fernández Andrade y Fernando de Sousa, hijo y hermano del presidente, respectivamente, además de Robert Albert Williams y Yago Méndez Pascual, según el escrito presentado por el abogado Felipe Izquierdo.