El 10 de septiembre se reunirá la comisión que investigará la crisis del auditorio

Juan Manuel Fuentes Galán
Juanma Fuentes VIGO / LA VOZ

VIGO

Aspecto del salón del auditorio en una actuación de Treixadura en diciembre del 2011.
Aspecto del salón del auditorio en una actuación de Treixadura en diciembre del 2011. óscar vázquez< / span>

El gobierno no aprobó su creación y el PSOE no ha designado a sus miembros

20 ago 2013 . Actualizado a las 11:32 h.

La eterna crisis del auditorio de Beiramar, antes de construirse, durante su construcción y especialmente durante su funcionamiento, será chequeada por una comisión de seguimiento aprobada en el pleno del pasado uno de julio. No fue esta una decisión unánime ya que los socialistas no estaban por la labor, pero tras constatarse que la propuesta del PP contaba con el apoyo del BNG, y por tanto con mayoría suficiente, optó por abstenerse para no aparecer claramente como derrotado.

En total serán ocho los concejales que la integren y, de acuerdo con el reglamento municipal, la presidirá el alcalde o persona en quien delegue. En el plazo establecido los populares designaron como miembros a Teresa Egerique, Antonio Bernárdez, Miguel Fidalgo y Roberto Relova, mientras el BNG eligió a Santiago Domínguez. Del lado socialista todavía no se nombrado a nadie, buena prueba de que en este asunto van a remolque.

De hecho, el gobierno municipal insiste siempre, como hizo en el pleno citado el concejal de Turismo, Cayetano Rodríguez, en que los problemas existentes son cuestiones internas de la concesionaria y el Concello debe quedar al margen. En cualquier caso, este edil se encuentra de baja por una grave enfermedad y con seguridad no participará en los trabajos de la comisión.

El detonante de esta investigación (aunque púdicamente se denomina comisión de seguimiento) fue el cierre del restaurante del auditorio y el riesgo de que el hotel Carris, que forma parte del complejo del auditorio, siga el mismo camino.

No obstante, los dos grupos de la oposición, PP y BNG, colocarán la lupa sobre la decisión del gobierno municipal que el año pasado acordó ampliar la concesión (de 35 a 60 años) y entregar 5 millones de euros en metálico a la concesionaria. La medida fue duramente criticada, pero los 11 concejales del PSOE impusieron su criterio a los 16 de la oposición al tratarse de una competencia del gobierno. Ahora la oposición les exige cuentas, si es que la comisión llega a funcionar realmente.