El presidente del PP porriñés no llega a un acuerdo de conciliación con el alcalde
VIGO
El regidor había presentado una demanda en defensa de su honor por unas declaraciones que Manuel Carrera ha negado
09 oct 2014 . Actualizado a las 04:00 h.El presidente del Partido Popular de O Porriño y concejal de Obras, Manuel Carrera, presentó ayer en el juzgado de instrucción número tres de la localidad la contestación a la demanda presentada por el alcalde, Nelson Santos, en defensa de su honor.
La demanda se basaba en las presuntas declaraciones efectuadas por carrera al diario El País. El rotativo madrileño tituló el pasado 26 de mayo «El presidente del PP de O Porriño ratifica que el alcalde popular falsificó facturas». En el subtítulo se afirmaba que «No soy el traidor, sino el traicionado».
El alcalde de O Porriño, Nelson Santos, justificó la demanda de conciliación, previa a la querella por injurias, presentada contra el concejal Manuel Carrera, a la vez presidente del PP local, en su intento de «defender» su «honor» y «la verdad».
En un comunicado, Santos argumentó que en la entrevista que Carrera, concejal de Vías y Obras, dio al periódico vertió «graves acusaciones» sobre la «Operación Multiusos» que «atentan directamente» a su «honor personal», aparte del «daño institucional que conllevan», además de «faltar gravemente a la realidad».
En su contestación a la demanda, Carrera dice que solamente declaró lo que aparece dentro del texto entrecomillado y que el titular no fue pronunciado por él en ningún momento.
El presidente del PP se remite a su declaración judicial. Por tanto, Carrera cree que no tiene que efectuar ninguna rectificación a unas declaraciones que, según él, no ha efectuado, aunque se las atribuyan.
A pesar de la presentación de la demanda Santos mantiene en su equipo de gobierno a Manuel Carrera que ostenta la concejalía de Vías y Obras.
Paralelamente, sigue abierto el procedimiento abierto contra el alcalde y varios concejales y empresarios de la localidad por presuntas delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y vulneración de los derechos de los trabajadores. El concejal Carlos Martínez, que fue imputado en un primer momento por la Guardia Civil, ha sido desimputado posteriormente en el juzgado.
Este proceso lleva ya muchos meses de instrucción porque la fiscalía y la jueza han tenido que citar a numerosos testigos.