Solaesa cree que la CIA habría utilizado 16 diferentes aeronaves para realizar escalas en España en las que habrían hecho «entregas extraordinarias» de Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar, Ahmed Agiza, Mohammed al-Zari, Abu Al Kassem Britel, Benyamin Mohammed, Bisher Al Rawi, Jamil El Banna y Maher Arar. Los vuelos venían de Skopje, Bagdad, Kabul, El Cairo, Estocolmo, Islamabad, Rabat, Banjul, Roma, Amman y otros. Se habla de 53 vuelos con origen o destino a Guantánamo. Hubo otros 10 vuelos detectados por los portugueses.
El vuelo de Vigo fue identificado en su día por la cámara europea con el número de aparato N168BF. Ahora, la Audiencia Nacional identifica a ese avión en una escala en Mallorca tras un viaje desde Bagdad.
El magistrado insiste en que hay que investigar el programa de detenciones y de entregas extraordinarias de la CIA, la colaboración de terceros estados, la atención internacional sobre esta situación y bases para la sospecha de graves violaciones de derechos humanos.
Solaesa cree que existen «serios indicios» de la posible responsabilidad criminal de funcionarios públicos españoles y altas autoridades de la nación, «ya fuera por acción o por omisión», al permitir la utilización de aeropuertos militares y civiles españoles, así como el espacio aéreo nacional «para que se llevaran a cabo por otros las acciones delictivas de detención ilegal y torturas, incluso las que finalmente se infligieron en los lugares de detención». Añade que el proceso también se refiere a aquellos no españoles que ejecutaron materialmente los hechos de la detención ilegal y torturas.
Discrepa de sus colegas de la Audiencia Nacional en que las autoridades y funcionarios españoles no supiesen qué ocurría porque los americanos nunca ocultaron su intención de interrogar en Guantánamo a los sospechosos. Ni cree que las posibilidades de investigación estén agotadas pues aún es posible que el Congreso de los Estados Unidos empiece a indagar.