El Concello niega información al Valedor do Pobo sobre el caso de la familia autodesahuciada
VIGO
A pesar de haberle dado ayudas, no responde a la petición del comisionado, que lo cree «un asunto de enorme calado social»
22 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La difícil situación de Nuria Rus y sus tres hijos, que sobreviven con ingresos mínimos, no ha pasado desapercibida para el Valedor do Pobo. Esta mujer optó el pasado mes por un autodesahucio para evitar un desalojo judicial en enero que daba por seguro ya que adeuda casi 7.000 euros a su anterior casero.
Semanas atrás, la oficina del Valedor decidió actuar de oficio para conocer todos los detalles y tratar de buscar una solución de acuerdo con las oficinas de Benestar Social de las distintas administraciones. Para ello solicitó a la Xunta y al Concello vigués informes con los datos en su poder, pero su demanda ha tenido un éxito parcial. En concreto, del Gobierno gallego recibió una respuesta casi inmediata, pero el Ayuntamiento hasta ahora no ha respondido.
El Valedor considera que Nuria Rus y sus tres hijos precisan ayuda con urgencia y que se trata de un asunto «de enorme calado social». Con estas premisas, el 17 de octubre la valedora, Milagros Otero, dirigió un escrito al alcalde vigués mostrando su preocupación y para que le informase «sobre la situación actual de esta familia en lo que atañe a su desalojo inminente de su vivienda». También, sobre las actuaciones que había practicado hasta ese momento o tenía previsto poner en marcha para mitigar esta situación.
Unas semanas después el panorama para esta familia es otro ya que un juzgado fijó para el 11 de enero la vista por impago del alquiler y el 17 de ese mes para el desalojo, salvo que antes saldara la deuda. Ante ello, Nuria Rus decidió buscar otra vivienda aprovechando la concesión de una ayuda municipal conocida como cheque social.
Pese a esta colaboración con la familia, el Concello hizo oídos sordos a la demanda de la valedora. Fuentes de este organismo confirman que hasta el 21 de noviembre se dirigieron en dos ocasiones a la administración municipal pidiéndole un informe sobre este caso. Ahora el alto comisionado parlamentario confía en recibir dicha información «para que, al amparo de los datos conocidos, se pueda resolver este asunto».
Por el contrario, desde la Xunta se respondió con celeridad a la petición. Tres días después de formulada llegaba la respuesta a la oficina del Valedor do Pobo, que se complementó con otra posterior facilitada el 9 de noviembre.
La complicada situación de Nuria Rus (36 años) se debe a la falta de un empleo y a las obligaciones con sus tres hijos. Se trata de un varón de 21 años con discapacidad psíquica y dos muchachas de 14 y 17 años que cursan sus estudios en un instituto y un colegio de la ciudad.
Divorciada y sin ingresos, sobreviven gracias a una pensión por la discapacidad de su hijo (365 euros) más los 300 que le pasa el padre de los tres jóvenes. Con ambas aportaciones y su trabajo iban saliendo adelante hasta que perdió su empleo y entró en un desempleo forzoso del que no logra salir.
En estas condiciones tuvo que priorizar, por lo que el alquiler, todo o en parte, fue quedando sin pagar. La reclamación del propietario asciende a 6.921 euros, una cantidad que le sigue adeudando tras irse del piso. Ahora es consciente de que necesita ayuda para sobrevivir y también para saldar su deuda, y por ello reclama un piso con alquiler social.