El Tribunal Supremo desestimó la construcción en 1978
23 jun 2021 . Actualizado a las 01:00 h.Hasta 1969, la isla de Toralla era un bello espacio natural que había mantenido casi totalmente su aspecto original a pesar de que la presencia humana allí se remonta a casi tres mil años antes. Fue un castro, antes de la llegada de los romanos, en el que se realizaron intercambios comerciales con los fenicios. Por lo menos es lo que dicen los arqueólogos que estudiaron el lugar.
Siglos después, cuando funcionaba la villa romana de la parte continental de Toralla, añaden los arqueólogos que fue empleada como cementerio. Cumplía todos los requisitos sanitarios e incluso ideológicos, ya que seguramente alguien emulaba a Caronte en el traslado en barca de los fallecidos, quién sabe si con una moneda en la boca.
Después llegó la propiedad de la Iglesia para hacerse cargo de las virtudes isleñas hasta que se produjo la desamortización de Mendizábal, ya en los años treinta del siglo XIX. Entre los propietarios que tuvo el lugar se encuentra Martín Echegaray, en cuya casa se concertó la creación de la compañía que asumiría la puesta en marcha en Vigo del tranvía.
Y así, en la década de los años sesenta de la pasada centuria, apareció el desarrollismo apoyado por el alcalde Portanet. Fue cuando se creó la sociedad anónima Toralla. Tras comprar los terrenos, obtuvo los permisos para construir el puente, varias defensas contra el mar, la actual torre y 34 parcelas que ahora ocupan los chalés. No es que anteriormente pudiesen los ciudadanos acceder libremente a la isla, pero con la materialización del proyecto no solo siguieron sin poder ir, sino que también sintieron que se les había robado una parte importante del paisaje de la ría, ahora presidido hacia el oeste por la imponente torre.
Pero si lo construido ya era un atentado visual, todavía quedaba una sorpresa mayor, porque el proyecto inicial contemplaba también un edificio pantalla de nueve alturas y 120 metros de longitud, que debería aportar 85 viviendas más. «Va contra toda idea no solo paisajística sino que hasta tengo miedo de que se hunda la isla», llegó a decir durante la sesión plenaria del 1 de agosto de 1975 el entones alcalde de Vigo, Joaquín García Picher, que impidió la ampliación del proyecto amparándose en el plan general de 1970.
Fue una paralización momentánea porque, a instancias de la empresa promotora, la Audiencia de A Coruña anuló el acuerdo municipal para permitir el desarrollo de aquel proyecto urbanístico. El Concello de Vigo recurrió al Tribunal Supremo que, el 29 de mayo de 1978, sentenciaba la negativa a construir en la mencionada ínsula el mamotreto. En aquella sentencia, el alto tribunal reconocía a la empresa Toralla S.A. el derecho a construir respecto al plan general, lo que consentiría una ocupación máxima del 33 % de las parcelas edificables, lo que se traducía en un edificio de un bajo y dos plantas.
Aquella fue una de las primeras sentencias en España que estimaba la defensa del paisaje y el entorno ecológico, ya que se alusión explícita a esa circunstancia. Curiosamente, también se opusieron a aquella mole los propietarios de los pisos de la torre y también de las viviendas unifamiliares existentes en la isla.
Esta semana, La Voz de Galicia informaba de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la que se frenó un nuevo intento de construir en la isla, aunque no era ninguna torre la que se quería levantar. El tribunal dio la razón al Concello de Vigo, que había denegado la licencia aduciendo que el recinto y sus viales no son públicos y, por lo tanto, las parcelas no pueden tener la condición de solares.