El modelo público-privado del hospital de Vigo redujo camas y supuso un sobrecoste de 166 millones de euros

La privatización del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, obra estrella de la Consellería de Sanidade durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijoo, supuso un sobrecoste de 166 millones de euros en veinte años, se hizo sin un estudio de viabilidad completo, implicó una significativa reducción del número de camas proyectado y no aportó grandes ventajas a la Administración. Esas son las conclusiones a las que ha llegado el Consello de Contas, el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, en el primer análisis completo que se hace sobre la contratación y seis primeros años de vida del último hospital nuevo que se abrió en Galicia (2015).

En el 2009, recién llegado al poder, el PP pegó un volantazo al proyecto que había diseñado el gobierno bipartito que encabezaba Emilio Pérez Touriño. El equipo de Feijoo acudió a una fórmula que nunca se había utilizado en Galicia para construir hospitales, la colaboración público-privada. Consistía en que la Xunta le encargaba a un consorcio de empresas la construcción del hospital de Vigo, pero también su financiación y la redacción del proyecto ejecutivo, sin pagarle nada mientras durase la obra; a cambio, el Gobierno gallego tendría que devolverle el dinero a lo largo de veinte años, y durante este tiempo la concesionaria se ocuparía también de gestionar (y cobrar) los servicios no clínicos del hospital (limpieza, lavandería, menús y así hasta doce) y las explotaciones comerciales (párking, cafetería y otros).

El Consello de Contas cuestiona ahora la lógica de ese plan, que tuvo tanto coste político para el Gobierno de Feijoo. El PP acabó descartando este modelo para los nuevos hospitales que se construyen en Pontevedra y A Coruña.

El sobrecoste

Uno de los principales argumentos que siempre manejó la Xunta es que era el único plan posible. «A decisión era facer ou non facer o hospital», se defendió la conselleira Rocío Mosquera en septiembre del 2015, ante el Parlamento, cuando la oposición la apretaba por los conflictos en la puesta en marcha del hospital. Un mes después acabaría cesada. Sin embargo, el informe del Consello de Contas deja claro que el modelo está saliendo más caro. Son 165,8 millones de euros más en veinte años, lo que supone 8,2 millones más cada año. El informe cifra el sobrecoste, en realidad, en 470 millones de euros (IVA incluido) según el valor del dinero en el 2010, cuando la Xunta lanzó el contrato, pero lo estima en casi 166 tras actualizarlo conforme a la evolución del IPC.

Advierte también que la sanidad pública de Vigo apenas ganó camas de hospital. Entre todos los dispositivos sumaban 1.241 en el año 2014, el anterior a la apertura del Cunqueiro, y en el año 2021 (el último de la fiscalización) eran 1.321, apenas 80 más. «Con la construcción del nuevo hospital de Vigo no se logró alcanzar completamente los objetivos fijados», dice el informe. El objetivo, que presentó Pilar Farjas como conselleira, era lograr 2.000 camas en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y sobre este dato se justificó el contrato. Solo el Cunqueiro iba a aportar 1.465 y el resto estarían en el Meixoeiro y en el Nicolás Peña. Nada de esto fue cierto. Tampoco se logró reducir el peso de Povisa.

Otro tanto sucede con los quirófanos. El proyecto original del nuevo hospital contemplaba 35. Ahora hay 36 entre ese centro y el Meixoeiro, solo tres más que antes de que se abriese el centro sanitario de Beade. La reorganización de los servicios clínicos ha permitido operar más, pero los planes que la propia Consellería de Sanidade difundía no se cumplieron.

Más recortes

Se redujeron también las superficies del proyecto sin ninguna justificación. El proyecto de ejecución de la obra, redactado por el consorcio que en aquel momento lideraban las constructoras Acciona y Puentes y Calzadas, y validado por el Servizo Galego de Saúde, contempla 23.000 metros cuadrados menos que el anteproyecto redactado durante el gobierno bipartito. «Estas reducciones», advierte Contas, «evidencian una planificación insuficiente de la actuación y, en el caso de la última [en referencia a una modificación del plan funcional que segó 12.000 metros cuadrados], contraviene los principios de igualdad de trato, de no discriminación, de concurrencia y de transparencia que deben regir la contratación pública».

La empresa concesionaria ha ido modificando su accionariado y ahora está controlada por el fondo de inversión francés Meridiam. Esta sociedad no solo explota los servicios no clínicos del Cunqueiro, sino también los del Meixoeiro y los del Nicolás Peña, dos hospitales que ya estaban en funcionamiento antes de que el nuevo hospital abriese. Esa extensión del contrato, según el informe, «no tiene soporte legal en la definición de concesión de obra pública contenida en la legislación de contratos vigente en el momento de la licitación». 

Pero además, todo este plan se hizo sin un estudio de viabilidad que era obligatorio. La Xunta lo simplificó: alegó que ya tenía un proyecto urbanístico que tocaba aspectos del estudio de viabilidad y encargó un plan económico-financiero. No lo hizo el Sergas, sino que se lo encargó la consultora PricewaterhouseCoopers. Pero este estudio está lleno de errores que ha detectado el Consello de Contas y que hace que sus hipótesis económicas se derrumben. Ni siquiera coincide el tiempo de explotación de la concesión (marca 17 años en lugar de 20), por lo que el órgano fiscalizador lo considera deficiente. El Consello de Contas también le atribuye «una debilidad en el seguimiento por parte de la Administración», tanto en la contratación como en la ejecución de la obra.

Incluso el tiempo de construcción se alargó más de lo previsto. Era una de las supuestas bondades de la colaboración público-privada. La edificación y puesta en marcha del HULA había llevado ocho años e incluso antes de abrir se había deteriorado parte del edificio. El Gobierno gallego no estaba dispuesto a repetir esa experiencia. En teoría, el modelo del Cunqueiro transfería el riesgo a la concesionaria, ya que no cobraba nada mientras durasen las obras. Pero el grupo de empresas dijo que iba a tardar 31 meses y acabo tardando 55, gracias a ampliaciones de plazo que fueron aprobadas por el propio Sergas y que coincidieron el tiempo, en algunos casos, con las dificultades que fuentes de la concesionaria reconocieron a La Voz que encontraban para conseguir créditos, en los años de la crisis financiera, aunque ese era el riesgo que habían asumido.

Enmienda a la totalidad

En suma, el Consello de Contas concluye que para la Xunta de Galicia habría sido mejor otro tipo de contrato. No se mete en la fórmula concreta. Lo tradicional era que el Sergas contrataba a una empresa y esta ejecutaba la obra. Pero incluso el bipartito había huido de este modelo y planeaba que se ocupase la Sociedade Pública de Investimentos, una empresa pública que hasta entonces solo había construido carreteras y que tendría que buscar financiación en créditos bancarios; en sus presupuestos del 2009 ya recogía la inversión. Lo que sí dice el Consello de Contas es que lo ideal habría sido hacer un contrato de obras por un lado y otro de lo gestión de los servicios no clínicos por el otro.

Los veinte años de la concesión del hospital de Vigo empezaron a contar en septiembre del 2015, de manera que estará activa hasta el 2035. Cada año, la Xunta paga en torno a 80 millones de euros a la concesionaria, para devolverle el coste de la obra y para abonarle la gestión de los servicios no clínicos. En este momento, la concesionaria está liderada por un fondo de inversión francés, Meridiam.

Respuesta de la Xunta

El Consello de Contas transmitió el informe a la Consellería de Sanidade antes de publicarlo para que presentase alegaciones. Las alegaciones ocupan 186 páginas, prácticamente el doble que el informe. Sin embargo, casi ninguna es tenida en cuenta. En un comunicado emitido este miércoles, después de la divulgación del análisis, Sanidade insiste en que el modelo elegido «era o único posible e viable», aunque ya no se usará en más hospitales. El informe reconoce que si la Xunta hubiese optado por una contratación del hospital por la vía tradicional tendría que haber renunciado a otras inversiones. Es lógico, porque con este modelo el Gobierno gallego no pagaba ni un solo euro mientras durasen las obras, ya que lo paga ahora. La lectura que hace de esto la Consellería de Sanidade es que el Consello de Contas dice que «o modelo escollido era o único que resultaba factible na conxuntura económica existente». En realidad, el Consello de Contas no afirma esto. Pero con esa lectura, el Gobierno gallego asegura en su comunicado que «discrepa do cálculo efectuado polo órgano fiscalizador e da súa realización dunha comparativa coa valoración alternativa de contratación tradicional (obra e servizos por separado)».

Al contrario, para Sanidade haber elegido este modelo supuso ahorros con respecto al gasto que había antes de abrir el Cunqueiro en la gestión de los servicios no clínicos, que cifra en 2,56 millones de euros al año. 

En cuanto al número de camas, la Xunta dice que ahora no hacen falta tantas, puesto que se ha cambiado la manera de organizar la asistencia. Por ejemplo se hacen más cirugías ambulatorias y tratamientos en hospitales de día, por lo tanto, sin ingreso.  

Farjas cuestiona el informe

Pilar Farjas fue la conselleira que impulsó, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijoo, la colaboración público-privada para el nuevo hospital de Vigo. En sus alegaciones acusa al informe del Consello de Contas de «unha clara posición desequilibrada ideolóxica ou valorativa prefixada a favor dun modelo de contratación de obra pública tradicional que lle resta obxectividade e valor».

Rocío Mosquera, que fue gerente del Sergas con Farjas y luego conselleira (la apertura del hospital le costó el cargo, según el entonces presidente Feijoo) alega que no se podía financiar un centro como el Cunqueiro sin el modelo que se usó y cuestiona la respuesta que se habría dado a la pandemia de covid-19 sin el Cunqueiro.

El Consello de Contas no tiene en cuenta las alegaciones de Farjas ni de Mosquera porque solo se sustentan en opiniones.

PSOE

El PSdeG culpa en un comunicado a Alberto Núñez Feijoo y a Alfonso Rueda de recurrir «a fondos privados que funcionaron como prestamistas, incrementando significativamente a carga financeira sobre a cidadanía». Los socialistas recuerdan que apuestan por convertir el Cunqueiro en «unha entidade completamente pública» y retan a Rueda a tomar decisiones para que así sea. En su opinión, el informe del Consello de Contas, «non só valida as nosas denuncias, senón que tamén subliña a necesidade urxente de reconsiderar a xestión e financiamento do Hospital Álvaro Cunqueiro para garantir que os recursos públicos sexan utilizados de maneira eficiente e en beneficio de todos os galegos e galegas». 

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