Hay tres empresas de O Baixo Miño investigadas por vertidos ilegales y falsedad documental
20 dic 2024 . Actualizado a las 14:20 h.El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Tui ha abierto una investigación a los responsables de tres empresas del sur de Pontevedra por un presunto delito de falsedad documental relacionado con la gestión irregular de residuos. El caso, que salió a la luz en agosto, ha destapado un entramado de vertidos ilegales en una parcela de Oia y la emisión de documentos fraudulentos para encubrir estas prácticas.
La investigación comenzó cuando un camión de una empresa de O Rosal fue interceptado transportando una carga que contenía una mezcla de residuos plásticos, neumáticos, y escombros de construcción y demolición (RCDs) hacia Oia. Posteriores indagaciones revelaron que durante ese mes se realizaron múltiples transportes similares desde O Rosal a Oia utilizando dos camiones, uno perteneciente a una empresa de O Rosal y otro de Oia.
El Seprona localizó el origen de los residuos en un bajo comercial adquirido este año por una de las empresas implicadas en O Rosal. La parcela de destino en Oia, donde se detectaron los vertidos, también es propiedad de esta misma compañía. El transportista presentó inicialmente documentación que justificaba la correcta entrega de los residuos a una planta gestora en Gondomar. Sin embargo, tras un análisis técnico solicitado por el Servicio de Calidade Ambiental de la Xunta de Galicia, se determinó que dichos documentos eran irregulares y no cumplían con los requisitos legales en materia de residuos.
La falsedad documental permitió simular una gestión adecuada de los residuos, mientras que en realidad estos eran vertidos de forma clandestina en el terreno de Oia. Entre los materiales acumulados en el lugar se encontraron residuos de construcción mezclados con electrodomésticos, plásticos y neumáticos, lo que supone un grave incumplimiento de la normativa ambiental.
Consecuencias ambientales y legales
El vertido se realizó en una parcela situada en la zona de policía de un regato cercano, lo que añade una infracción a la Ley de Aguas. Como resultado de la intervención del Seprona, el propietario del terreno tuvo que retirar y gestionar adecuadamente las 232 toneladas de residuos acumulados.
Además de las investigaciones por falsedad documental, se han interpuesto denuncias administrativas por incumplir la Ley de Residuos y la Ley de Aguas. El caso también ha contado con la colaboración del Servicio de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, lo que subraya la gravedad del impacto ambiental causado.
El Seprona recuerda la importancia de una correcta gestión de los residuos y la necesidad de combatir prácticas que comprometan el medio ambiente. Este caso no solo evidencia un problema de fraude documental, sino también un daño ecológico significativo, que podría derivar en sanciones y responsabilidades penales para los implicados.
Mientras continúa la investigación, este episodio subraya la importancia de la vigilancia medioambiental y de la colaboración entre administraciones para prevenir el deterioro de los recursos naturales.