Cumple la pena uno de los dos condenados por el enchufe de la cuñada de Carmela Silva, y el otro seguirá en prisión hasta el 2028
VIGO
El responsable de una concesionaria del Ayuntamiento de Vigo había sido condenado a un año y seis meses de prisión, mientras que el alto funcionario cumple 5 años y tres meses
22 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El administrador y representante legal de la concesionaria del Ayuntamiento de Vigo condenado por la contratación irregular de la cuñada de la teniente de alcalde y senadora Carmela Silva, ha cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Audiencia Provincial, ratificada en el 2021 por el Tribunal Supremo. En un auto emitido por la sección viguesa de la Audiencia se hace constar que la liquidación de la pena de Ramón Comesaña Alonso, el cargo directivo de la concesionaria, se produjo de manera efectiva en noviembre, mientras que la misma comunicación señala que en el caso del funcionario municipal también sentenciado por el mencionado enchufe, Francisco Javier Gutiérrez Orúe, la pena de prisión impuesta tiene fijado su vencimiento para el 7 de julio del año 2028.
El cargo directivo de la empresa Imesapi, fue considerado partícipe de «un plan que tenía (como objetivo) la contratación de una forma oculta, y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo». El tribunal le consideró autor responsable de un delito de falsedad en documento mercantil, por el que le impuso una pena de un año y seis meses de prisión, así como la inhabilitación absoluta por el período de dos años y seis meses. El funcionario del Ayuntamiento de Vigo que en ese momento ostentaba funciones de jefe de Participación y Atención Ciudadana, fue considerado autor penalmente responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, por los que fue sentenciado a 5 años y 3 meses de prisión, e inhabilitación absoluta por el período de 9 años y 1 día.
El fallo judicial declaró probado que ambos condenados articularon nueve contratos y pagos con fondos del Ayuntamiento por un valor de 108.147,22 euros más IVA a cuenta de la realización de una serie de supuestas encuestas. «Las facturas por ese importe no se correspondían con la realidad, pues dichas facturas reflejaban unos trabajos que no se habían realizado», estableció el tribunal. Dichas tareas ficticias motivaron la contratación y el pago a la familiar política de la teniente de alcalde viguesa. Ninguno de los dos condenados aclararon durante el proceso por qué se recurrió a la persona beneficiada, «ni si aquella intención fue a iniciativa propia, o a excitación de tercera o terceras personas», se indicaba expresamente en el fallo, que sí cita el vínculo familiar de la contratada.