Plantean además la gratuidad en la AP-9, el tramo entre Puxeiros y O Porriño
11 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El grupo parlamentario del PP en el Congreso ha elevado una Proposición no de Ley solicitando al Gobierno de España la reconsideración del trazado propuesto para la autovía A-52, en el tramo que conecta O Porriño y Vigo. El planteamiento tendrá que ser debatido en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, que también abordará la petición popular para la «inmediata» liberalización del peaje en el tramo O Porriño-Puxeiros de la AP-9, como alternativa a la A-55.
La propuesta actual, que incluye la ejecución de un túnel, ha generado un fuerte rechazo debido a su alto impacto territorial y social, critican los populares. La diputada popular Irene Garrido, afirma que el trazado aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con un coste de ejecución de 400 millones de euros, afectaría directamente a más de 50 viviendas y comprometería otros 400 inmuebles, además de suelos urbanizables e industriales.
«El impacto no solo es residencial, sino que también implica el corte de vías municipales, viaductos y cursos de agua», subraya Garrido. Esta inquietud se ha traducido en más de 30.000 alegaciones presentadas por vecinos y administraciones locales, incluyendo la Xunta de Galicia el Parlamento de Galicia y la Diputación de Pontevedra. Los diputados gallegos del PP han instado al Ministerio a explorar nuevas alternativas que minimicen el impacto en parroquias de Vigo como Bembrive, y de Mos, incluyendo Sanguiñeda, Petelos, Pereiras y Tameiga.
Además, exigen la liberalización inmediata del peaje en el tramo Porriño-Puxeiros de la AP-9 y la transferencia de la titularidad de esta autopista, conforme a la proposición de ley orgánica aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Creen que deberían comenzarse negociaciones con la concesionaria de la autopista AP-9 liberar el peaje y abordar de manera urgente la seguridad de la A-55, por ser la solución más rápida, inmediata y económicamente más viable al problema de la siniestralidad de esta vía.
Falta de consenso
«Es incomprensible que el Gobierno solo haya considerado la opinión del Ayuntamiento de Vigo, excluyendo al resto de los municipios afectados. Esto compromete la viabilidad social y ambiental del proyecto», añade Irene Garrido. Critica que no se haya contemplado la posibilidad de liberar el peaje de la AP-9 en el estudio de impacto ambiental, a pesar de que medidas similares se están llevando a cabo en otras regiones, como en la circunvalación de Alicante de la AP-7.
El PP demanda en el Congreso la apertura de un período de diálogo institucional y técnico con todos los ayuntamientos involucrados para definir una solución respetuosa con el territorio y que garantice una infraestructura segura y adecuada para la movilidad en la zona, eliminando el punto más peligroso de todas las autovía del país por su alta siniestralidad.
30.000
Alegaciones en contra
El proyecto de 400 millones se llevaría por delante más de 50 casas, denuncian los populares