Las defensas alegan que el proceso a la red de Sito Miñanco se basa en presunciones policiales y pruebas irregulares
VIGO
Prosiguen en la Audiencia Nacional las conclusiones finales de los abogados, que coinciden al solicitar la absolución de sus representados por considerar que se manipularon las grabaciones obtenidas con micros ocultos
26 feb 2025 . Actualizado a las 19:06 h.Más abogados defensores alegaron este miércoles en el juicio de la operación Mito que las acusaciones a más de cuarenta acusados de pertenecer a una red de narcotráfico y blanqueo liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, solo se basa en presunciones e hipótesis policiales. En la jornada de este miércoles siguieron emitiendo sus informes definitivos abogados defensores, que insisten también, al igual que otros letrados personados, en la nulidad de las escuchas policiales de conversaciones de los investigados a través de intervenciones telefónicas y grabaciones en dispositivos colocados en coches y en un chalet de Vilagarcía de Arousa, al estimar que no cumplieron los requisitos legales y fueron manipuladas.
Esta mañana intervinieron los letrados de los acusados Francisco P. J., Alberto D. A. y Antonio P. H., que se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de 10, 15 y 19 años de prisión, respectivamente, y para los que han solicitado la absolución. Los fiscales antidroga mantienen que Francisco P. J. y Antonio P. H. eran miembros del entramado y mantenían contacto regular con Sito Miñanco, al que acompañaban en sus desplazamientos y participaban en sus reuniones desempeñando funciones de contravigilancia, además de realizar transportes de dinero.
En cuanto a Alberto D. A., la Fiscalía señala que disponía de un taller para la reparación y modificación de vehículos a disposición de Sito Miñanco y facilitaba desde su domicilio de Baiona la comunicación con las embarcaciones para la introducción de la droga. «Solo hipótesis policiales mantenidas por la Fiscalía y no acreditadas» relacionan a los acusados con el tráfico de drogas, sostiene el abogado de Francisco P. J. y Alberto D. A., que añadió que la única relación de Francisco P. J. con Sito Miñanco era laboral, pues era su jefe en la empresa de gestión de aparcamientos en la zona de Algeciras en la que su defendido trabajaba como auxiliar de recaudación.
Respecto a Alberto D. A., esta defensa señala que en el registro efectuado en su domicilio no se encontró taller alguno ni un centro de comunicaciones. Ya el abogado de Antonio P. H. estima que «aquí hay acusaciones brutales solo porque hay personas conocidas» y ha pedido al tribunal «que sea valiente».
También emitió este miércoles su informe la abogada de uno de los tripulantes de nacionalidad turca del buque Thoran que están siendo juzgados, Turgut B., para quien la Fiscalía pide nueve años y medio de cárcel. Asegura que su defendido fue contratado como cocinero del buque, que desconocía cuál era la carga del mismo y que decir lo contrario es una «presunción».
Reprimenda de Guevara
Ante la duración de alguno de los informes, el presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, reclamó a los letrados que concreten y resuman más sin repeticiones y comentó: «A este paso me jubilo aquí». La Audiencia Nacional celebró este miércoles la jornada 27 del juicio contra el histórico narcotraficante gallego Sito Miñanco, que se enfrenta a una petición de 31 años y seis meses de prisión de la Fiscalía. Le acusa de intentar introducir en España en el 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y dirigir la estructura para blanquear el dinero.
La investigación se realizó entre el 2016 y el 2018 cuando Miñanco residía en Algeciras y terminaba de cumplir en régimen abierto una condena por otra causa de narcotráfico. En el transcurso de las pesquisas, las fuerzas de seguridad abordaron el 2 de octubre del 2017 en alta mar, a la altura de las Azores, el buque Thoran, en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización de Miñanco compró supuestamente a redes colombianas, según la Fiscalía, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos.