
Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra revela que su sector evita la construcción de bajos comerciales, «ya no tienen salida»
17 jun 2025 . Actualizado a las 02:11 h.«Soy liberal de toda la vida. He modificado muy poco mi manera de pensar», dice de sí mismo Javier Garrido Valenzuela (Madrid, 1961), presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin). Pese a la confesión doctrinal, demuestra moverse con más comodidad hablando de economía que abriéndose ideológicamente. Pero la política germina en varias ramas de su árbol genealógico. Ramón de Valenzuela, su tío, fue pieza notable del PCE clandestino y en el exilio; su propio hermano Fernando, integró como conselleiro de Agricultura dos gobiernos autonómicos de Albor antes de tomar la vía de Coalición Galega; su hermana Irene, es diputada del PP y fue la primera mujer presidenta del ICO, y un sobrino suyo es el presidente de la Xunta. «Me llama tío-abuelo, para fastidiar», dice refiriéndose a Alfonso Rueda. La efervescencia política de los años ochenta y los genes políticos familiares empujaron al Javier Garrido joven a la mesa de edad del congreso de constitución de Alianza Popular en Galicia y hasta a integrar sus listas a elecciones en el País Vasco de los años duros.
Pero su terreno de juego desde hace casi tres décadas es la empresa, la promoción inmobiliaria y hasta el 2027, por lo menos, la representación del sector en la provincia desde el cargo al que llegó en el 2007. «Las estructuras empresariales cumplen una función social, lo creo firmemente y lo digo además desde Aproin, que nunca ha recibido ni un euro de ayuda o subvención», dice no sin añadir que echa de menos que la clase política se implique más y sin complejos en la defensa de la empresa en general.
Garrido describe la realidad actual de su sector en Galicia de manera muy diferente a la de momentos como el previo a la burbuja inmobiliaria, que él subraya que en realidad se trató de un estallido del sector financiero que arrasó con todo.
«Los promotores sabemos por lo general hasta dónde podemos llegar, y la verdad es que ahora hay muchos ámbitos de desarrollo urbano que para la media de nuestras empresas resultan inalcanzables». Estima que las firmas autóctonas, por su tamaño y capacidad, pueden promover operaciones de treinta a cien viviendas, por lo que anticipa la llegada de empresas de gran tamaño, «de promotoras-constructoras con mucho músculo y también de fondos de inversión» para explotar el suelo de espacios de dimensión notable, como los ahora abiertos en el caso de Vigo por su nuevo Plan Xeral, como pueden ser la plaza de España, o ya lo hacen en O Barrio do Cura. A las empresas locales les atribuye, en todo caso, oportunidades para completar el desarrollo de esas parcelas.
El presidente de los promotores se declara militante de los planes urbanos «que ordenen los ejes de una localidad, que los estructure, pero no ordenar tantísimas viviendas, cuando además el crecimiento vegetativo resultaba negativo». El plan vigués del 2003 dibujaba 150.000 viviendas pensando en una ciudad que nunca iba a dejar de crecer; el de ahora apunta espacio para 50.000, compara valorando que se hayan ajustado los cálculos.
Radiografía, sin embargo, Javier Garrido un mercado de precios altos que ha venido para quedarse. En primer lugar, por el alto valor otorgado al suelo en las ciudades y, segundo, por unos costes de construcción que califica de disparatados. «Los márgenes de promoción se han estrechado mucho», afirma con rotundidad calculando que han aumentado para una promoción un 50 % en cinco años. Un gasto a mayores que se acaba repercutiendo en el precio final de la vivienda. «Antes nos parecía sorprendente poder vender a 300.000 euros, ahora es casi una tarea imposible hacerlo por menos para un piso de tres dormitorios, que con impuestos y los demás costes se irá a cerca de los 400.000», mantiene.
Apunta también un cambio radical es en el mercado de los bajos comerciales. «Su venta te pagaba el suelo en el que se levantaba la promoción, ahora eso ya no existe. Si es posible, ya no haces ni bajos, porque no se venden», dice. Ante esa realidad aplaude la posibilidad creada de habilitar viviendas en las plantas bajas, especialmente en orografías urbanas con marcado desnivel como la de Vigo, que permite dar luz evitando el ruido y la contaminación de a pie de acera.

Más difícil asegura que resulta a los promotores abordar la promoción de vivienda protegida, como advierte les ocurre incluso a las cooperativas para poder asumir desvíos de costes o incluso pérdidas en las experiencias que extienden también en el mercado libre. «El precio de venta de origen que comprometen les suele resultar muy diferente al que acaba saliendo», avisa. «En el tema de la vivienda protegida las administraciones tienen que coger el toro por los cuernos, y es una pena que no lo hubieran hecho hace muchos años. Antes, los promotores teníamos que ceder el 15 % de uso lucrativo a los ayuntamientos, y estos no sabían qué hacer con él y lo que hacían al final era volver a vendérnoslo. ¡Mira si no hubieran podido hacer cosas en ese suelo!», exclama ante un ejemplo de lo que considera todo un historial de ausencia de planes de vivienda prácticos.
Javier Garrido rechaza que se pueda asimilar la actividad empresarial de la promoción de viviendas a una parte exclusiva del arco ideológico. «He conocido promotores con ideas de todos los partidos», dice, mientras él se vuelve a reclamar como liberal.