El consorcio GmbHi.Gr solicitó los permisos en el 2005 para realizar una operación de rescate de los barcos hundidos en 1702 con la idea de que el Gobierno le permitiera exhibir tres de ellos en museos
03 sep 2025 . Actualizado a las 00:37 h.«¿Alguien quiere saber por qué unos rusos están dispuestos a gastarse 230 millones de euros? Muy fácil: se calcula que solo el Santo Cristo de Maracaibo, hundido con 900 toneladas de monedas de plata, puede valer más de 2.400 millones de euros», opinaba Ignacio Iturregui Peña en las páginas de La Voz el 3 de septiembre del 2005. Este buceador, experto en trabajos de detección y protección de los pecios de los galeones de Rande, se refería al interés del consorcio ruso San Simon GmbHi.Gr por extraer los barcos hundidos en la ría de Vigo durante la famosa batalla de octubre de 1702.
El consorcio ruso solicitó la autorización oficial para iniciar, hace ahora veinte años, la extracción y reconstrucción de los 22 galeones españoles, franceses e ingleses que permanecen en el fondo de la ría de Vigo desde aquel 1702. Las peticiones fueron cursadas a la Xunta y al Gobierno central, que tenían competencias en la operación. Eran 24 permisos principales y 28 tramitaciones a los ministerios de Defensa, Fomento y Cultura, a las consellerías de Pesca y Cultura y al Puerto de Vigo.
El plan ruso de rescate contaba con un presupuesto de inversión de 230 millones de euros, lo que lo convertía en el proyecto de arqueología submarina más importante del mundo.
El gerente de la empresa, Ferdinand Karnath, aseguraba a La Voz que se proponían iniciar el trabajo en el mes de octubre. Su propuesta consistía en llevarse para Moscú el 50 % de los pecios y todas las piezas de un galeón de guerra español para reconstruirlo en una exposición permanente. Después se añadieron otros dos galeones para exhibirlos en museos de Berlín y Rostock. Esa propuesta chocaba con la legislación española que obligaba a entregar al patrimonio nacional el 100 % de lo que se obtuviese en la prospección.
San Simón GmbHi.Gr tenía su sede social en el denominado departamento San Simón de la Universidad Lingüística del Estado de Moscú (MGLU). Ferdinand Karnath era el jefe de este departamento y aseguraba que el dinero lo pondría la Administración rusa y el Estado de Moscú, y señalaba a las empresas Zodiac (Francia), DaimlerChrysler (Alemania), Poseidon (Suecia) y Scubapro (EE. UU.) como patrocinadoras del proyecto.
Además de los pecios situados en la ensenada de Rande, el consorcio ruso estaba interesado en buscar el mítico navío Santo Cristo de Maracaibo, en el que, se suponía, todavía quedaba una importante carga de metales preciosos traídos de América. Todo justificado desde el interés científico, según señalaban.
La Xunta de Galicia no se mostró receptiva y negó los permisos. «Son de propiedad pública todos los bienes recuperados», respondían desde la Dirección Xeral de Patrimonio.
Pero la negativa no llevó al consorcio ruso a paralizar su iniciativa. Es más, en diciembre de ese mismo año, anunciaba que aumentaba el presupuesto de la operación a los 310 millones de euros, argumentando que los trabajos de extracción tenían un coste mayor del previsto inicialmente. Añadían que tenían su propósito era contratar a doscientos operarios, además de buzos, arqueólogos submarinos, fotógrafos y equipos de detección de pecios. Al mismo tiempo, el consorcio presentaba una nueva solicitud de autorización para prospectar la ría viguesa.
«Ni soy especulador, ni soy ruso. Soy alemán de pura cepa. Lo que sucede es que he encontrado en Rusia el apoyo institucional suficiente para financiar este proyecto», decía Ferdinand Karnath en La Voz de Galicia el 6 de diciembre del 2005, muy molesto por las sospechas de que alguien pudiera vincularlo con la mafia rusa.
Ese mismo día, este periódico reveló que San Simon Gesellschaft mit beschraenkter Haftung in Gruendung (San Simon GmbHi) era una sociedad domiciliada en Berlín. Contaba con cinco accionistas, entre ellos Ferdinand Karnath (el solicitante oficial de la autorización a la Xunta), quien era además administrador general de la sociedad.
La compañía estaba constituida como instituto, una fórmula similar a las fundaciones españolas. En la petición presentada a la Xunta, Karnath señalaba que, en el caso de obtener los permisos, también constituiría una sociedad limitada en Moscú y, probablemente, otra en España, por necesidades fiscales y financieras. En la documentación, también solicitaba exenciones arancelarias y fiscales para la importación de maquinaria y equipos necesarios para la prospección arqueológica.
Al año siguiente, la Dirección Xeral de Patrimonio señaló que el expediente presentado no constituía un proyecto en sí mismo, por lo que reclamaba al consorcio ruso un informe técnico que contuviese un programa detallado y coherente. Aunque unos meses después, Karnath aún contaba en La Voz que estaba retocando el proyecto para poder atenerse a las exigencias de la Xunta, en noviembre del 2007, el Gobierno zanjaba toda posibilidad de acceder a las peticiones de la empresa. El ministro de Cultura, César Antonio Molina, se mostraba tajante en Bruselas, donde había asistido al Consejo de Ministros de Cultura de la UE, y subrayaba que su departamento no colaboraría con la «explotación industrial» del patrimonio subacuático.
Curiosamente, al año siguiente la Confederación de Empresarios de Pontevedra y de la Cámara de Comercio de Vigo proponían la creación de un museo que mostrase distintos aspectos de la batalla de Rande, pero tampoco salió adelante.