La alcaldesa dice que la Justicia dirimirá si hubo mala praxis y el PP exige que se cumpla la ley sobre espacios naturales
22 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, del BNG, se reunió ayer con los técnicos para analizar la situación del restaurante que ha sido denunciado en Donón por presuntas ilegalidades urbanísticas. El juzgado tramita una denuncia del empresario Eulogio Abeleira. La regidora espera definir una posición con los abogados del Concello. «Os técnicos dinme que esta é unha cuestión xurídica e o departamento xurídico non estará activo ata setembro ». Y explicó que si está en el juzgado «terá que derimir a xustiza se hubo mala praxis ou non».
Según la denuncia, esa autorización se tramitó y aprobó con informes y planos presuntamente falseados, manipulando los límites del núcleo rural de Donón. Con esa alteración gráfica, terrenos clasificados como suelo no urbanizable protegido de espacios naturales habrían pasado a ser edificables,
La denuncia al restaurante que está en Donón y lleva años funcionando a pesar de tener orden de demolición parcial ha llevado a la oposición del PP a una actitud de cautela: «nosotros vamos a esperar y solicitaremos que cumpla la Ley», manifestó el concejal José Luis Gestido después de reunirse con miembros de su grupo expertos en Urbanismo.
El caso de Donón se centra en la licencia de obras mayores concedida por el Concello de Cangas para la construcción de una edificación aislada destinada a restaurante y apartamentos turísticos. En 2022 el Concello de Cangas dictó una resolución ordenando el cierre en el plazo de diez días. No se cumplió.
La Axencia de Protección da Legalidade es la que tiene que ejecutar las demoliciones. De hecho, el año pasado tiró tres edificaciones en Cangas. La última de las fue la construcción de parte de una especie de galpón habitable con una planta abierta con solería y un tejado a una agua. La derribaron el pasado 29 de octubre por estar construida en una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. También tira una residencia en suelo rústico y otras edificación auxiliara.
En un informe de la Valedora do Pobo por otra denuncia de una casa de Cangas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, al tener una antigüedad de por lo menos veinte años, la infracción está prescrita, pero es posible la incoación de expediente de reposición de la legalidad urbanística.
En torno a un 97% de las órdenes administrativas de reposición de la legalidad se cumplen en período voluntario por las personas que ostentan el derecho de propiedad del suelo o por las promotoras de las obras o de la actividad que contravienen la legalidad en materia urbanística o de costas. Tan solo un 3% de las reposiciones de legalidad son ejecutadas subsidiariamente por la APLU, repercutiendo el coste a los responsables.