El juez pide a la Policía Nacional que recabe información en el Concello O Porriño

El juzgado de O Porriño que instruye las diligencias previas de la causa por la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios como limpieza viaria, desbroces y jardinería, además de posibles delitos relacionados con la emisión de facturas por servicios al Ayuntamiento, ha requerido el auxilio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Comisaría de Vigo. La titular de este juzgado de instrucción Número 2 les encomienda que, «a la mayor brevedad», se personen en las dependencias del Concello de Tomiño a fina de recabar cierta documentación. Los expedientes que pide son los de un total de veintiuna facturas relativas a los ejercicios 2016 y 2017 así como todas las del 2018 correspondientes a los servicios de limpieza viaria y desbroce.

La jueza instructora interesa además los expedientes, si los hubiere, de contratos menores que se hubieran realizado en torno a esas facturas. «Igualmente se deberán aportar, si existieren, informes de intervención de reparo y subsiguientes decretos de alcaldía levantando el reparo y ordenando el pago. También se deberán aportar el listado de personal de los planes de empleo de la Diputación o Xunta que hubiera estado destinado a la prestación de los servicios de limpieza y desbroce», recoge la provincia fechada. Está fechada el 6 de octubre, 24 horas después de que la alcaldesa, Eva García de la Torre, declarara como investigada por supuesta prevaricación administrativa en varios contratos. En la misma provisión dispone que, si los hubiese, la UDEF obtenga por último los partes de trabajo correspondientes a los servicios prestados para el Concello de O Porriño por Desbroces y Gestiones Luís y por otras cuatro personas durante los ejercicios 2016 y 2017.

La jueza acredita el requerimiento a la UDEF, «dado el incumplimiento reiterado a los requerimientos judiciales de aportación documental y con ánimo de no dilatar aún más las actuaciones». Y es que la provincia comienza con un oficio «por tercera vez», al secretario del Concello de O Porriño, a fin de que elabore una relación de las empresas que, desde el acceso al cargo de la alcaldesa, Eva García de la Torre y, hasta el 2018 incluido, prestaron sus servicios en materia de limpieza viaria y desbroce. La jueza le da un plazo de un mes, hasta el 6 de noviembre, para que aporte la información y le avanza que, en el caso de que no atienda el requerimiento, «se le impondrá una multa coercitiva automática». Con la misma le advierte que de producirse ese incumplimiento, «podrá incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad, previsto y penado en el artículo 556 del Código Penal».

Al secretario del Concello, además de esta relación de empresas, le pide que aporte el certificado del secretario de la comisión informativa previa al pleno en noviembre del 2017, «donde, supuestamente se votó en contra de la externalización del servicio de limpieza viaria propuesta por la alcaldesa».

Hay otro requerimiento, «por segunda vez», a otras dos personas que, supuestamente hicieron trabajos para el Concello, para que antes del 6 de noviembre, le presenten la totalidad de facturas emitidas por sus respectivas empresas «desde que se dieron de alta en el régimen de autónomos hasta el ejercicio 2018 incluido o hasta que se dieron de baja. Se les advierte también de la imposición de multas coercitivas si no cumplen con esta obligación.

Las diligencias continúan en el juzgado de instrucción Número 2 de O Porriño, que ha llamado a declarar esta mañana a tres personas y, entre ellas, al secretario del Concello, en calidad de testigo-perito.

La regidora ya declaró el lunes 5 de octubre. Tras salir del juzgado, explicó que justificó la realización de contratos «de modo verbal» para garantizar la prestación de servicios mientras no se efectuaba su licitación. «Una cosa es que haya una irregularidad administrativa y otra que haya la intención de cometer un delito, que es una cuestión muy diferente», manifestó achacado esta investigación a «un ardid político» para arrebatarle la alcaldía y «romper su imagen», perpetrado por parte del PP, al que acusó de hacer oposición «a través del juzgado». García de la Torre se mostró dispuesta a colaborar con la justicia y a entregar toda la información que se le requiera.

En este procedimiento también están investigados el que fue edil de Vías y Obras, Manuel Carrera (de UDDL y antes del PP), un ex edil socialista, Orlando Márquez, varios empresarios y una asesoría.

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