Tres años y medio de prisión por un arsenal de armas intervenido en Ponteareas

PONTEAREAS

La Audiencia de Pontevedra condena al acusado como cooperador en un delito de posesión ilícita de armas
12 feb 2025 . Actualizado a las 10:01 h.Tres años y seis meses de prisión. Esta fue la pena que la Audiencia de Pontevedra impuso a un vecino de Ponteareas, Pedro César Rodríguez Martín-Varela, al que la Guardia Civil intervino 84 armas de fuego —diez de guerra, 32 pistolas, 34 revólveres, tres escopetas de caza, dos fusiles, un mosquetón y un rifle— y 3.411 cartuchos metálicos de diferentes calibres.
Se trata de una condena notablemente inferior a la de seis años y medio de cárcel solicitados por la Fiscalía, derivada del hecho de que los magistrados lo condenan como autor de un delito de posesión ilícita de armas en concepto de cooperador. Esta figura normalmente se asocia con aquellos encausados que habrían participado en un determinado delito, sin llegar a ser autores materiales, señalaron fuentes consultadas.
De hecho, en el transcurso de la vista oral, Pedro César Rodríguez fue el último de los comparecientes en prestar declaración y lo hizo para acogerse a su derecho a solo responder a las preguntas de su defensa. De este modo, vino a reiterar la tesis que había mantenido su abogado durante todo el juicio, esto es, que las armas incautadas en mayo del 2019 en el marco de la operación Iceberg pertenecían realmente a su hermano ya fallecido.
En todo caso, la defensa ya ha anunciado la interposición de un recurso de apelación que tendrá que resolver el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Según manifestaron desde la Guardia Civil, la investigación tuvo su origen en unas informaciones del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadounidense que ponían de manifiesto la localización de una web que desde China vendía dispositivos que posibilitaban que las armas de fuego de la marca Glock disparasen en automático. «Manteniendo el gatillo apretado disparaba en ametralladora», señaló uno de estos agentes.
Así, un policía encubierto de la ATF realizó una compra de dos dispositivos que confirmó sus sospechas. Posteriormente, consiguieron un listado con los datos identificativos de doscientos compradores repartidos por todo el mundo, de los que una decena residían en España.