Los vecinos reclaman el Campus do Mar mientras Zona Franca sigue bloqueada
VIGO CIUDAD
Caballero mantiene su enfrentamiento con la directora del Consorcio, lo que por primera vez tiene al organismo sin presupuesto en vigor
13 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La paralización del Campus do Mar en la ETEA no solo preocupa a la Universidad de Vigo por la incidencia que pueda tener sobre posibles inversiones europeas. Los vecinos de Teis llevan tiempo intentando entender la situación. Para aclararla se han reunido con el rector, Salustiano Mato, y la delegada del Estado en la Zona Franca, Teresa Pedrosa.
«Estamos muy preocupados porque se está impidiendo su desarrollo y pensamos que todo puede ser negociable; pasar una propiedad pública a otra entidad pública, no debería ser un impedimento», subraya Anxo Iglesias, de la asociación de vecinos. Otra cosa, dice, es si se trasladara a un organismo privado. «El desarrollo de la ETEA no puede limitarse a un paseo y un campo de fútbol. Es necesario dotarla de contenido. Me parece un error para Teis y para Vigo», añade.
La entidad vecinal ha querido conocer de primera mano los planes del alcalde para este espacio, pero hasta ahora no ha sido posible, según Iglesias. Tiene muy claro que es necesario buscar una solución y proyecta la organización de un acto para trasladar a los vecinos la máxima información.
Crisis política
El Campus do Mar previsto en la ETEA se ha convertido en la causa de que el Consorcio de la Zona Franca, un organismo en teoría ajeno a los conflictos políticos, tenga su presupuesto bloqueado y muy limitadas sus posibilidades de actuación. La situación se mantiene desde el mes de julio, pero ayer creció la tensión entre la delegada del Estado, Teresa Pedrosa, y el alcalde, Abel Caballero.
Este último, en su calidad de presidente del pleno, convocó ayer un pleno para exigir a Pedrosa que presente un nuevo presupuesto donde no figuren los 5,5 millones de euros destinados a la ETEA. Con este dinero se pretende financiar su cesión por parte de la Xunta, titular de la parcela, a la Universidad para que ponga en marcha el Campus do Mar.
La demanda del alcalde no salió adelante ya que fue rechazada por 10 votos y solo recibió 6 a favor. Pese a su minoría, dispone de la capacidad de convocar los plenos y de establecer el orden del día, por lo que sin su acuerdo la situación seguirá bloqueada. Ayer Pedrosa lo acusó de «mentir constantemente» y «de faltar a su palabra», reconociendo el alcalde que «la confianza mutua está rota».
El popular Rafael Louzán sigue siendo vocal del pleno pese a su procesamiento
El expresidente de la Diputación, Rafael Louzán, fue uno de los participantes en la sesión que ayer celebró Zona Franca. En el pleno de este organismo ocupa un puesto de vocal nombrado por el Estado entre personas con especiales conocimientos en el área económica. También representan al Estado Elena Muñoz, portavoz municipal, y Olga Bobadilla, delegada de la Agencia Tributaria en Vigo.
La presencia de Louzán no tendría nada de particular de no mediar su reciente abandono del PP tras haber sido procesado por un presunto delito de cohecho impropio. La investigación sobre el presunto sobrecoste aplicado al precio de alquiler de unos bajos de su propiedad en el barrio vigués de Navia llevaba años en marcha, pero dio un giro el 29 de diciembre. Ese día se decretó la apertura de juicio oral, lo que en el PP es un punto crucial. A partir de ese momento sigue vigente la presunción de inocencia, pero se considera que nadie en esta circunstancia debe seguir como militante en activo para evitar daños al partido.
Debido a ello Louzán ha dejado temporalmente el Partido Popular pero sigue siendo asesor del grupo popular en la Diputación de Pontevedra, el organismo que presidió durante 12 años, etapa que finalizó en julio del 2015 cuando fue sustituido en el cargo por la socialista Carmela Silva al perder el PP la mayoría de que disfrutaba.
Seguir como asesor le reporta a Louzán un sueldo de 43.935 euros anuales, salario que no quiere perder y que su partido está dispuesto a mantenerle. Su pervivencia fue defendida por Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos y portavoz en la Diputación. Y también le permite representarle en Zona Franca, donde como miembro del pleno tiene derecho a dietas de asistencia. La cifra que se percibe por ello se desconoce, pero ronda los 4.000 euros anuales. De hecho, los 14 consejeros del organismo percibieron en el año 2013 por este concepto 60.402 euros (una media de 4.314, aunque depende del número de asistencias).
Antes de abandonar la política Louzán logró auparse a la presidencia de la Federación Gallega de Fútbol, puesto que ocupa en la actualidad