El exdecano de los procuradores, Jesús González-Puelles, recuerda que la nueva sala abrió pequeña y con muchos parches, pero dice que fue un hito histórico

E. V. PITA
Doctor en Comunicación Contemporánea, licenciado en Derecho, Sociología y Ciencias de la Información y escritor

La apertura de una sala de la Audiencia Provincial el 1 de diciembre de 1999 supuso un hito para Vigo tras años de campaña de los juristas y de La Voz. Pero como señalaba la información del 30 de noviembre, los comienzos de este tribunal de segunda instancia fueron muy precarios y nació atascado ante la imposibilidad de que una sola sala resolviese 1.500 casos al año.

Una reforma legal permitió abrir sedes desplazadas en ciudades no capitales de provincia, lo que favoreció a Gijón, Elche, Jerez o Vigo. El nuevo edificio que iba a acoger a este tribunal tardó medio año en inaugurarse por lo que los magistrados de la quinta sección de Pontevedra ocuparon provisionalmente como despacho el salón de la junta de jueces y los funcionarios trabajaron en una sala de juicios de un juzgado de primera instancia, como contaba La Voz.

El tribunal arrancó sin sus tres magistrados titulares: solo estaban nombrados el presidente Juan Manuel Lojo Ayer y José Ferrer. Les apoyó un juez de Ourense en comisión de servicios. Ni siquiera tenían secretario ya que el titular de la plaza, Joaquín Macías, siguió como delegado provincial de la Xunta.

El propio Lojo alertó de la precariedad con que empezaba esta sala frente al trabajo que iba a tener que desarrollar porque Vigo esperaba dos salas y solo pusieron una mientras que Pontevedra, con el 60 % de la carga de trabajo de la provincia, disponía de cuatro. Los temores se vieron confirmados y los magistrados se vieron desbordados por una avalancha de miles de casos penales y apelaciones de civil, situación que duró varios años y que convirtió a la Audiencia en Vigo en la más atascada de España.

Dado que los recursos de lo civil se resolvían en aquella época en un trámite oral, los magistrados vivieron un infierno laboral con la celebración de vistas varios días a la semana, buscando huecos libres en otras salas.

Pero a pesar de la precariedad, la llegada de la Audiencia a Vigo fue acogida con «gran alegría», según recuerda el exdecano del Colegio de Procuradores, Jesús González-Puelles, que formó parte de la plataforma de profesionales de la ciudad que luchó durante cuatro años para abrir la nueva dotación. «El ministerio es cicatero y nos hará sufrir», dijo Puelles a La Voz el día de la inauguración, en el que el Gobierno se comprometió a enviar un cuarto magistrado de refuerzo, solución que el juez decano Antonio Romero calificó de «parche». Este último formó parte activa de la plataforma integrada por funcionarios de la Administración de Justicia, el decano de los abogados (Alfonso Álvarez) y el de los procuradores (Javier Soaje).

Puelles recuerda que durante cuatro años reclamaron que viniese una sección a Vigo y que recibieron un jarro de agua fría cuando la cuarta sala se ubicó en Pontevedra. «Hubo una movilización general porque Vigo representaba casi el 50 % del trabajo de la Audiencia en la provincia, argumentamos que la ciudad tenía un peso específico y veíamos justo la creación de dos secciones», dice.

Los defensores de abrir una Audiencia tuvieron que convencer al Ministerio de Justicia de la importancia de Vigo como ciudad. «Subestimó a la ciudad, tenía un concepto de Vigo como no capital y la equiparaba a ciudades de tamaño medio como Gijón o Jerez, similares o menores que su capital. Se subestimaron las dimensiones reales de Vigo, cuatro o cinco veces mayores que Pontevedra. Era un caso atípico porque es la mayor ciudad de España no capital. Calcularon una sala para asumir el 20 % del trabajo de la provincia cuando generaba el 40 %, era una sola sección en Vigo contra cuatro en Pontevedra. La Audiencia se colapsó y aún estamos pagando el pato», explica.

A pesar de las dificultades, Puelles señala que «fue un cambio histórico porque por primera vez en más de un siglo se rompía la tendencia y se acercaba la justicia al ciudadano». Eso abriría la vía para traer a Vigo sedes desplazadas de los juzgados de lo contencioso-administrativo o de lo mercantil. Puelles también recuerda las protestas que generó en Pontevedra la ubicación de un tribunal de la Audiencia. «Decían que el traslado no tenía razón de ser pero lo que defendíamos era dar a Vigo lo que se merecía para que tuviese una entidad jurídica propia».

La inauguración fue «una gran alegría y satisfacción, aunque sabíamos que al crearse solo una sala se iba a dilatar la Justicia y nos lo iban a echar en cara el traslado. Pero a nivel social se sintió más cercanía con la justicia. Fue un cambio histórico romper con más de un siglo de tradición de la capital. Abrió un camino y, a medida que se le dotó de los medios adecuados, cambió la experiencia de la justicia a nivel gallego».